La falta de la Agència Ferroviaria cuesta al Consell 700.000 euros en informes

El cartel de las obras de la línea 10 del metro en Valencia. /Consuelo Chambó
El cartel de las obras de la línea 10 del metro en Valencia. / Consuelo Chambó

La conselleria licita un contrato de asesoría externa en materia de seguridad para los próximos tres años

J. S.VALENCIA.

La ley de Seguridad Ferroviaria fue aprobada por Les Corts en marzo de 2018. La norma fijaba un plazo de tres meses para la creación de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviaria. Prácticamente un año y medio más tarde, la entidad espera aún la luz verde del Consell. En el seminario que el ejecutivo valenciano tuvo en Montanejos el ejecutivo valenciano se fijó el objetivo de dar los primeros pasos para la constitución de este nuevo organismo autónomo de la Generalitat.

Pero mientras se acomete la puesta en marcha de la Agència de Seguretat, las funciones de seguridad atribuidas a la entidad han sido asumidas por la dirección general que se ha visto obligada a recurrir al asesoramiento externo para realizar estas labores con el consiguiente gasto para las arcas públicas.

Así, la Conselleria de Viviendas y Obras Públicas a través de la dirección general ha convocado un conde asesoramiento técnico en seguridad ferroviaria por 739.915 euros (IVA incluido) durante 36 meses. Las empresas que quieran optar a este contrato tienen hasta el próximo 9 de septiembre para presentar sus ofertas.

Tal y como se recoge en el informe de necesidad del contrato que acompaña a la documentación del concurso, la concesionaria ejercerá «temporalmente» las competencias de la Agència ante «la falta de personal técnico especializado en esta materia de la dirección general». La Generalitat reconoce de esta forma que no cuenta con una plantilla con los necesarios conocimientos para controlar la seguridad ferroviaria.

El retraso en la constitución de esta entidad está así generando a la Generalitat un gasto extraordinario que ya supera los 750.000 euros al haber tenido que recabar la asesoría externa de empresas especializadas en varias ocasiones.

La demora, que se arrastra desde la pasada legislatura, ya había obligado al Consell a recurrir a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2019 para introducir una modificación en la normativa y delegar las funciones.

En la disposición transitoria cuarta se establece que mientras no se cree el organismo las funciones que atribuye la legislación a la Agència de Seguretat las asumirá la dirección general competente del gobierno autonómico y, además, también abre la posibilidad de recurrir a asesoramiento técnico especializado externo.

Es precisamente este punto el que ha permitido a la Conselleria de Obras Públicas convocar el concurso para hacerse con el asesoramiento de una empresa externa para atender estas funciones.

Contratos menores

Al coste de la nueva licitación hay que sumarle que la Conselleria de Obras Públicas ya había tenido que recurrir a un contrato menor por importe de 13.794 euros (IVA incluido) para realizar los informes de seguridad que eran necesarios para la puesta en servicio de la variante de Serra Grossa», correspondiente a la línea 9 del Tram de Alicante, cuya segunda vía entró en servicio a finales del pasado mes abril, así como para las nuevas unidades de la serie 5000 de la red de FGV en esta provincia. Al concurso se presentaron dos ofertas aunque se invitó al proceso a un total de ocho empresas.

El segundo gasto que tuvo que afrontar fue otro contrato menor por un importe de 8.700 euros. En este caso se invitó a otras seis mercantiles, aunque sólo se presentó una. El objetivo era la elaboración de informes para la aprobación de proyectos constructivos. Según lo publicado por LAS PROVINCIAS, el contrato se hizo también para la línea 9 del Tram de Alicante y para la línea 10 de Metrovalencia, obras que se reactivaron el pasado abril con los primeros trabajos topográficos y en junio con la llegada de las máquinas.

La adjudicataria de ambos contratos ha sido la empresa de ingeniería y consultoría Exceltic, con sede en Madrid y especializada en evaluaciones de seguridad. La mercantil ha asumido de esta forma las funciones que tendría que estar ejerciendo la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria.

Competencias

La ley de seguridad ferroviaria establece las funciones de la Agència. A través de ella la Generalitat se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa en esta materia.

En concreto, la ley fija que este organismo estará regido por los principios de independencia y transparencia y se encargará de la «autorización, supervisión e investigación de los sistemas ferroviarios de competencia autonómica».

También se hará cargo de controlar la circulación ferroviaria, de «la puesta en servicio del material rodante, los administradores de infraestructuras y operadores», además de la formación y habilitación del personal relacionado con la seguridad de la circulación.

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