La factura de las reversiones de Sanidad en la Comunitat Valenciana

Los proyectos de recuperación de las concesiones del Consell generan un gasto que ronda los 60 millones de euros y afectan a 3.000 empleos

Daniel Guindo
DANIEL GUINDOValencia

Recuperar la gestión de los servicios sanitarios públicos que, en la actualidad, prestan compañías especializadas bajo el modelo, principalmente, del concierto o la concesión. Una promesa electoral convertida en mantra ideológico para el actual Gobierno autonómico que, sin embargo, tiene un doble filo: el coste económico, laboral y hasta político que supone revertir la situación de áreas de salud de la envergadura de La Ribera o La Marina o el servicio de las resonancias magnéticas. Los gastos de asumir la gestión del hospital de Alzira y los centros de salud de la comarca, el importante montante económico que la Generalitat deberá abonar para adquirir las acciones de DKV y Ribera Salud (empresas que conforman la UTE que controla Dénia) o la prórroga del servicio de resonancias que presta Erescanner Salud, que finalizaba el pasado noviembre, generan una factura que ronda los 60 millones de euros, según las estimaciones de fuentes expertas.

A ello hay que sumar que el Consell se ha visto obligado a reducir las pretensiones económicas que manejaba sobre el cobro de las liquidaciones pendientes a las concesiones. Mientras la anterior consellera de Sanidad, Carmen Montón, calculaba que la Generalitat iba a ingresar unos 300 millones de euros, ahora esa previsión se ha visto reducida hasta poco menos de 183 millones. La situación, además, está generando, cuanto menos, incertidumbre e inquietud en los cerca de 3.000 profesionales, la mayoría sanitarios, afectados por estas modificaciones, a los que se les promete que mantendrán sus empleos pero, en algunos casos, todavía no existen documentos que lo garanticen.

Por último, estas políticas también están generando fricciones en el seno del Consell. Mientras Montón dirigía las operaciones, Compromís se mostraba satisfecho con ese perfil duro y beligerante frente al sector privado, con ese discurso del «nos vamos a permitir que se enriquezcan a costa de la sanidad pública». Pero la llegada de Ana Barceló al departamento, y su talante más conciliador y propenso a llegar a acuerdos desde el diálogo, ha tensado la relación con los nacionalistas, especialmente ante el escaparate de las próximas elecciones.

Y frente a ello, una realidad a la que es difícil contestar. Por un lado, las auditorías elaboradas por la Sindicatura de Comptes reflejan que los departamentos gestionados bajo el modelo de concesión (La Ribera hasta abril, Dénia, Torrevieja, Manises y Elx-Crevillent) copan las primeras posiciones en el ranking de áreas sanitarias más «eficientes y eficaces», y que suponen un mayor ahorro para las arcas públicas. Por otro, la actual situación del sistema sanitario público. Mientras las listas de espera quirúrgicas han alcanzados las cotas más altas a final de año de toda la legislatura -con más de 66.000 pacientes a la espera de pasar por el quirófano tras el desplome de la derivación a clínicas privadas-, Sanidad ha tenido que activar con urgencia la contratación de 300 sanitarios para acallar las protestas de los médicos de familia, que denuncian una importante sobrecarga asistencial, falta de tiempo para atender a los pacientes y demoras de hasta dos semanas en las citas previas.

DEPARTAMENTO DE SALUD DE DÉNIA Una operación cercana a los 40 millones

Para adelantar la recuperación de la gestión del departamento de salud de Dénia, Sanidad se ha propuesto adquirir las acciones de DKV y Ribera Salud, empresas que conforman la UTE Marina Salud que controla el departamento, pero que cuentan con un contrato de concesión que no expira hasta 2024. Ante este escenario, la conselleria se afana en llegar a un acuerdo para adquirir estas participaciones, operación que puede rondar los 40 millones de euros -Sanidad cuenta con una partida de más de 120-, a no ser que el departamento incluya otras contraprestaciones que ayuden a reducir el coste. Desde DKV se muestran dispuestos a facilitar la operación siempre y cuando llegue una oferta razonable, mientras que en Ribera Salud son algo más reacios, puesto que éste es su modelo de negocio (no como en el caso de la aseguradora alemana), por lo que son más reticentes a desprenderse de activos como el hospital de Dénia. En cualquier caso, no cierran la puerta al acuerdo. Sanidad, por su parte, ultima la creación de una empresa pública para asumir al millar de sanitarios del área.

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA Indemnizaciones por despidos y el parking

El camino para recuperar la gestión del hospital de Alzira (con cerca de 1.800 empleados) ha sido tortuoso dadas las fricciones entre Montón y Ribera Salud, que llegaron a desembocar hasta en procesos judiciales. De entrada, el Consell ya ha tenido que hacer frente al pago de unos 300.000 euros en indemnizaciones por despidos improcedentes (personal temporal que perdió su trabajo con la reversión y que ahora cuenta con una sentencia favorable) y todavía quedan una decena de procesos judiciales en marcha, por lo que el montante podría superar el millón o, incluso, los dos millones de euros si no se apuesta por reincorporar a los trabajadores. La Generalitat también han tenido que reservar otros 2,5 millones para la expropiación del parking (operación que podría elevarse hasta los diez). Los gastos del personal superan los 25 millones anuales, los del material los 12, y otros cinco más de servicios generales. Teniendo en cuenta que los departamentos de gestión directa suponen un 30% más de coste que los concertados, el gasto en Alzira podría incrementarse unos 12 millones anuales.

DEMORAS QUIRÚRGICAS Sigue la escalada en las listas de espera

La Comunitat cerró el año con más de 66.000 pacientes a la espera de pasar por el quirófano, prácticamente 2.500 más que tres meses antes y unos 4.600 más que el año anterior. La escalada en las demoras es evidente, sobre todo al tener en cuenta que la derivación a clínicas privadas se ha desplomado en más de 5.600 personas en apenas un año. El nuevo modelo de autoconcierto (incentivar las operaciones fuera del horario habitual con retribuciones extraordinarias) impulsado por Sanidad en noviembre no contó con el apoyo de los médicos (especialmente traumatólogos y urólogos), de ahí que también se redujera la cifra de intervenidos bajo esta modalidad en unas 1.300 personas en un año. Los sindicatos, especialmente Sindicato Médico y CSIF, siempre han reclamado un incremento estructural de las plantillas para hacer frente a esta problemática, reivindicación que no está siendo atendida, al menos, en los niveles que exigen las fuerzas sindicales. Mientras tanto, los pacientes siguen esperando casi cuatro meses, de media, para pasar por el quirófano.

CENTROS DE SALUD Refuerzos de urgencia para atajar la saturación

Los centros de salud y las Urgencias hospitalarias vienen sufriendo desde hace semanas un repunte de la presión asistencial que ha colmado la paciencia de los facultativos. Mientras los sindicatos reclamaban refuerzos en los hospitales (que han llegado incluso a habilitar habitaciones dobles o triples, y los pacientes han sufrido demoras de hasta seis horas), los médicos de familia protestaban a las puertas de los ambulatorios por la falta de tiempo para atender a los pacientes (piden, al menos, diez minutos por usuario) y reducir los cupos que tienen asignados. Ante esta situación, los departamentos han comenzado a activar los refuerzos hospitalarios previstos en el plan de contingencia por la gripe (hasta 172 nuevos profesionales) y Sanidad anunció esta semana la contratación en febrero de 307 sanitarios para los centros de salud. Mientras los médicos de familia mantienen la cautela acerca de las incorporaciones (aunque se muestran esperanzados) las fuerzas sindicales, especialmente el Sindicato Médico, apunta que los refuerzos son insuficientes y alertan de que faltan pediatras en las bolsas.

RESONANCIAS MAGNÉTICAS Prórroga al servicio y frenazo al concurso

La Conselleria de Sanidad tenía previsto recuperar la gestión de las resonancias magnéticas (servicio que presta, en la actualidad Erescanner Salud) el pasado 1 de noviembre. Sin embargo, el departamento todavía no estaba preparado (no tiene clara la forma jurídica para subrogar al personal de la compañía), por lo que solicitó a la empresa que siguiera al frente de estas pruebas médicas, al menos, hasta el 1 de febrero. Esto ha generado que se hayan tramitado los denominados expedientes de enriquecimiento injusto referentes a los meses de noviembre y diciembre, lo que supone un gasto para Sanidad de algo más de seis millones de euros -el contrato se adjudicó por 475 millones por diez años-, cifra que irá en aumento conforme pasen los meses y Sanidad no internalice el servicio. Mientras, el nuevo concurso sigue paralizado. Fuentes de la compañía resaltan que mientras no tengan indicaciones para abandonar la prestación, seguirán estando al servicio del paciente. La internalización afecta a unos 150 trabajadores.

SINDICATURA DE COMPTES El modelo concertado, «más eficiente y eficaz»

Frente al poco aprecio que el actual Gobierno autonómico tiene al modelo de concesión y concierto (impulsado por el PP y nacido en Alzira), las auditorías que la Sindicatura de Comptes ha llevado a cabo en los hospitales de gestión indirecta ponen el acento en que este tipo de modelo es «más eficiente y eficaz» que la dirección pública sobre los centros hospitalarios públicos. De hecho, de los siete departamentos que consiguen la mejor puntuación (entre los 24 existentes), cuatro son concertados (La Ribera hasta antes de la reversión, Torrevieja, Manises y Elx-Crevillent). Sólo La Plana, València-Arnau-Llíria y Marina Baixa aguantan la comparativa. En un segundo escalón de eficiencia se encontraría Dénia (el próximo en ser revertido) y Vinaròs, por lo que todos los departamentos de gestión indirecta estarían englobados en el top diez. Desde Sanidad trataron de restar importancia a estos informes, argumentando que no se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de la situación.