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J. A. MARRAHÍ
Sábado, 24 de abril 2021, 00:36
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Un juzgado de Torrent ha exculpado a un hombre que dio dióxido de cloro a su hija menor de edad como método para prevenir el coronavirus, a pesar de que este producto químico, utilizado en algunos casos como desinfectante, está tajantemente desaconsejado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, desde septiembre del año pasado.
Alerta el organismo gubernamental de sus «riesgos graves para la salud», tras extenderse en redes sociales y webs un supuesto beneficio ante el Covid. Y «a pesar de que no existe evidencia científica de ningún tipo de que sea eficaz para su tratamiento o prevención ni de ninguna otra patología».
Fue el año pasado cuando la madre de la niña denunció estos hechos al entender que la conducta del padre había puesto en riesgo la salud de la menor. El juzgado de Torrent abrió entonces unas diligencias e investigó al progenitor por un supuesto delito contra las relaciones familiares. Como es habitual en una situación así la magistrada pidió que el Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML) se pronunciase sobre la ingesta del dióxido de cloro, sus consecuencias y el producto químico en cuestión.
Eso sucedió en noviembre y la médico forense apreció que no había lesión en la niña «tras la ingesta» del compuesto. Además, se pronunció exactamente en estos términos: «El dióxido de cloro se ha utilizado por algunos facultativos como tratamiento para las infecciones virales como la malaria o el Covid».
Pero hubo un punto muy relevante que el IML no expuso en su informe. Y es que, casi dos meses antes de esta valoración, el Ministerio de Sanidad había hecho pública su advertencia sobre el compuesto con palabras muy claras: «No se recomienda su consumo en ningún caso». Y va más allá: «Diferentes autoridades sanitarias vienen advirtiendo desde 2010 de los riesgos de su consumo y tomando medidas para evitarlo».
El Gobierno cita, entre otros, estos peligros: «Es un oxidante fuerte y el riesgo para la salud puede ser grave en algunos pacientes y requerir hospitalización». Su consumo directo «puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea».
La forense tampoco mencionó que el Instituto Nacional de Toxicología «ha informado sobre varios casos de intoxicaciones causadas por el consumo de dióxido de cloro», como destaca la Agencia de Medicamentos. O que a nivel internacional «diferentes autoridades sanitarias han alertado de los riesgos para la salud del consumo de este producto y sobre la ausencia de pruebas de su utilidad terapéutica».
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A pesar de las públicas advertencias del Gobierno sobre el compuesto, el fiscal encargado del caso tampoco acusó al padre y pidió el archivo de las diligencias. Ya en febrero de este año el juzgado torrentino dio carpetazo a la causa «a la vista del informe emitido por el forense».
La abogada que mantenía la acusación recurrió esta decisión, convencida de que el pronunciamiento forense obviaba fuentes médicas acreditadas y, por tanto, era muy desacertado. La letrada llegó a pedir un nuevo informe médico alegando «las diversas vertientes existentes sobre la ingesta del dióxido de cloro». Pero la jueza torrentina desestimó el recurso a principios de marzo y confirmó su determinación inicial de archivar la causa.
Considera la magistrada que no hace falta un nuevo informe. Simplemente valora que la forense recogió en su valoración «que el dióxido de cloro se ha utilizado por algunos médicos como tratamiento». La letrada pretende trasladar ahora a la justicia la alerta pública del Ministerio de Sanidad sobre el compuesto.
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