Los esclavos de la marihuana y el campo en Valencia

Una buhardilla donde dormían varias víctimas de una red de trata desarticulada por la Guardia Civil. / LP
Una buhardilla donde dormían varias víctimas de una red de trata desarticulada por la Guardia Civil. / LP

La Guardia Civil libera a un centenar de víctimas en los últimos seis años en operaciones contra las redes de trata en la provincia de Valencia

JAVIER MARTÍNEZ VALENCIA.

La trata de seres humanos y la inmigración ilegal se dan la mano a diario en la provincia de Valencia con nuevas tendencias delictivas. En la década de los 90 y primeros años de este siglo, las triadas explotaban a mujeres en talleres textiles clandestinos en plantas bajas, viviendas con pocas ventanas o chalés alejados de miradas indiscretas, pero las organizaciones criminales chinas ahora prefieren montar invernaderos de marihuana para obtener mayores beneficios. Empezaron comprando algunas plantaciones a clanes españoles en 2016, pero pronto trajeron cultivadores y electricistas de China y en poco menos de tres años se han convertido en los capos del tráfico de marihuana en la Comunitat Valenciana, aunque rivalizan con grupos delictivos de Europa del Este.

La irrupción de estas bandas criminales en el negocio del cannabis también ha generado una nueva forma de esclavitud. Las últimas organizaciones chinas desmanteladas por la Guarda Civil explotaban a inmigrantes vietnamitas que el propio grupo de traficantes había introducido de forma ilegal en España. Los individuos que vigilaban las plantaciones de marihuana dormían en condiciones infrahumanas en la naves para controlar el cultivo, minimizar los riesgos de incendio y evitar posibles robos.

Los agentes hallaron colchones en el suelo, alimentos en mal estado y bidones llenos de orina y excrementos. Los vietnamitas esclavizados no podían salir de las naves, apenas hablaban español y comían casi todos los días arroz. Los traficantes chinos les quitaron sus documentos de identidad para que no intentaran escapar.

La mayoría de las víctimas fueron captadas en zonas rurales de Vietnam con la oferta de un trabajo digno en un invernadero en España. Creían que las plantaciones eran legales y trabajaban la mayor parte del día para pagar la deuda contraída con la organización criminal por no haberles cobrado los gastos del largo viaje. Una odisea de esclavos con una sucesión de peripecias desagradables.

Tras tomar declaración a estos hombres con la ayuda de un intérprete, la Guardia Civil suele otorgarles el tratamiento de víctimas de un grupo delictivo en la mayoría de los casos. De esta forma quedan exentos de cualquier responsabilidad penal por el cultivo de marihuana, pero su calvario no termina ahí. Cuando salen del juzgado o del cuartel, indocumentados y sin recursos, no tienen dónde cobijarse para dormir. Tampoco conocen a nadie.

En algunos casos, los guardias civiles pagan de su bolsillo la primera noche de alojamiento de estas personas o les compran bocadillos mientras buscan un centro de acogida o una ONG que pueda prestarles ayuda. «Cuando la investigación demuestra que son víctimas de una red de trata reciben nuestro auxilio y protección en la medida de nuestras posibilidades», afirma José María Palacios, capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Valencia. «Nuestra lucha se centra siempre en los cabecillas que explotan a estas personas para poder probar su pertenencia a un grupo criminal», añade Palacios.

Desde el año 2012, la Guardia Civil de Valencia ha liberado a un centenar de víctimas en 12 operaciones contra redes de trata de personas. Aunque las últimas organizaciones desarticuladas estaban dirigidas por traficantes chinos y se dedicaban al cultivo de marihuana en naves de Horno de Alcedo, Massamagrell, Chiva, Museros y Sollana, otros grupos desmantelados traían a sus víctimas de varios países de Europa del Este para explotarlas en labores agrícolas en la provincia de Valencia.

En la operación 'Carroñero', la Guardia Civil desarticuló una banda búlgara que hacinó a más de 20 compatriotas en habitaciones y buhardillas de una casa de Tavernes de la Valldigna en condiciones insalubres. Además, la vivienda tenía enganches ilegales de luz que podrían haber causado un incendio.

Las víctimas trabajaban sin contrato en la recolección de productos agrícolas y cobraban unos sueldos miserables. Del dinero que tenían que percibir, los cabecillas del grupo criminal les descontaban una parte por los gastos del viaje a España y la manutención. Algunos de los búlgaros explotados recibieron solo 50 euros por dos meses de trabajo.

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