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La autopista AP-7, a su paso por la provincia de Castellón. LP
La encrucijada de liberalizar la AP-7

La encrucijada de liberalizar la AP-7

Los accesos para mejorar la conectividad siguen sin ejecutarse a nueve meses de acabar la concesión

Isabel Domingo

Valencia

Lunes, 1 de abril 2019, 14:27

Nueve meses. A partir de hoy es el tiempo que queda para que finalice el contrato de concesión de explotación de la autopista AP-7 entre Tarragona y Alicante y que sus 367 kilómetros de carretera queden libres del peaje actual, lo que sucederá el 1 de enero de 2020. Así lo ha anunciado en varias ocasiones el Ministerio de Fomento aunque, de momento, no ha entrado a aclarar si, a medio plazo, se mantendrá su uso gratuito o se establecerá algún tipo de pago que, además, iría acorde con el de otras carreteras de alta capacidad.

Mientras se define ese nuevo modelo, la urgencia de la AP-7 se centra en la necesidad de ejecutar los accesos necesarios para mejorar su conectividad con los municipios de la Comunitat. Se trata de una reclamación tanto de la Generalitat como de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana y los municipios afectados, especialmente los de las comarcas de la Marina y la Safor, que siguen utilizando la congestionada N-332 (donde, por otro lado, tampoco se han ejecutado las variantes de población).

Las conexiones de Vinaròs y Oliva sur todavía no se han licitado a pesar de que Fomento hizo el anuncio para este año

Así, a falta de nueve meses para la liberalización, la AP-7 se encuentra en la encrucijada de ver cómo todavía no se ha construido ninguna de las diez actuaciones planteadas por la Conselleria de Obras Públicas en un documento remitido al ministerio en julio del año pasado. En concreto, siete enlaces nuevos y tres acondicionamientos de carreteras convencionales destinados a mejorar la conexión de la autopista con las localidades y, al mismo tiempo, evitar los problemas de congestión y siniestralidad en carreteras como la N-340 o la N-332.

De aquel documento, que supondría una inversión aproximada de 220 millones, el ministerio sólo se limitó a señalar que habría que elaborar un protocolo para determinar las actuaciones y la programación de las obras y constituir una comisión técnica.

Lo anunció el exsecretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo (ahora candidato del PSOE al Congreso por Valladolid), durante una visita a Valencia el pasado diciembre. También confirmó la licitación de los enlaces de Vinaròs y Oliva Sur para este año y la redacción de los pliegos de mantenimiento de la carretera en Cataluña y la Comunitat por valor de 16 millones.

La falta de enlaces perjudicará a los vecinos de los municipios próximos

Sin embargo, transcurrido el primer trimestre del ejercicio, todavía no se han licitado y, como apunta el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, «a las alturas del año en que estamos, con convocatoria electoral y sin presupuestos nuevos, difícilmente se licitarán». Además, añade, «nada se sabe del protocolo que debían firmar la Generalitat y Fomento para acometer estos enlaces».

De hecho, las actuaciones de la conexión sur de Oliva (donde se tuvo que rehacer el proyecto, que tiene un coste de 28,03 millones) y la ampliación y reordenación de los accesos de la N-238 de Vinaròs (14,9 millones) sólo cuentan con la aprobación del proyecto de construcción y con el expediente de información pública, respectivamente.

Para Miñés, «sin los enlaces, liberalizaremos una autovía para que la usen gratuitamente los coches de largo recorrido y los camiones mientras que los vecinos colindantes se quedarán sin circular por carecer de adecuadas conexiones». Porque, como recuerda, la ejecución tardará unos años. Por ejemplo, el enlace de Oliva Sur tenía una asignación de 12 millones en los Presupuestos del Estado de 2019 y el resto se reparte hasta 2022, dos años después de la liberalización del peaje.

Critican la falta de claridad sobre la A-7 y las bonificaciones

Dos de las últimas decisiones de Fomento han generado incertidumbre en algunos sectores. Se trata de la información pública de la prolongación de la A-7 en Castellón y la ampliación de las bonificaciones para circular por la AP-7 hasta Torreblanca.

En este último caso, la Cámara de Contratistas mostró su sorpresa por «la falta de claridad y el sinsentido» que supone que esas ayudas se anuncien para 2020 y 2021», como recogió el Consejo de Ministros del 15 de marzo, si la previsión es que la autopista se va a liberalizar el próximo año».

Mientras, sobre la A-7, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, valoró como «mero trámite sin consecuencias» la exposición pública de la prolongación de la A-7 hacia el Maestrat ya que el Gobierno, con anterioridad, «nos dejó claro en una respuesta que no hay ningún tipo de voluntad de actuar en la CV-10/A-7».

A su juicio, «el PSOE es víctima de su propia indefinición con la A-7 y la AP-7, ya que no garantiza qué ocurrirá en el futuro con este vial de pago ni si abrirá accesos para su uso por la ciudadanía».

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