Educación ultima una norma que blinda la jornada continua pese a la última sentencia

Se trata, precisamente, de las escuelas afectadas por la última sentencia que enmienda las políticas educativas del Consell, que ayer anunció que recurrirá, por lo que en el peor de los casos -para sus intereses- ganará tiempo antes de que adquiera firmeza. En este sentido fuentes de Educación destacaron que los centros no sufren «ningún cambio en estos momentos».

Como informó LAS PROVINCIAS, el TSJCV acaba de tumbar la disposición transitoria de la orden de junio de 2016 que regula la jornada continua y la resolución -de las mismas fechas- vinculada a la misma. Es justo la parte que permitió a las citadas escuelas aplicar el horario intensivo de manera urgente (en el 2016-2017), pues recogía el procedimiento y los plazos que se debían seguir para ello. El fallo llegó tras un recurso impulsado por la Plataforma por la Jornada Partida.

Desde esta organización consideraron ayer que debe ser el departamento el que «aplique los efectos derivados de la nulidad» una vez sea firme. Y en este sentido consideraron que un recurso de casación no tendrá recorrido con el argumento de que se trata de una normativa autonómica. A su juicio, es la propia conselleria la que debería notificar a los centros que su jornada no es válida una vez el fallo sea definitivo, e incluso plantearon que si hay padres que se han sentido perjudicados por el cambio soliciten su anulación para que sea esta «la que dé una respuesta jurídica».

Mientras que con el anunciado recurso al fallo se gana tiempo, a medio plazo se plantea un escenario complejo para que la decisión judicial tenga efectos prácticos. Las fuentes jurídicas de la plataforma reconocen el obstáculo que supone el futuro decreto del ROF, aunque destacan que al fin y al cabo «no se puede prolongar lo que no es válido». Inciden además en que la prórroga de un año «va en contra de las propias justificaciones que dio el conseller sobre el cambio», pues habló de que era una cuestión social y de consenso. En cualquier caso, añaden que debe ser la administración la que explique qué hace y por qué.

La moratoria del ROF no es oficial aún aunque se conoce desde noviembre, cuando se enviaron correos a los centros a los que les caducaba la autorización de la jornada continua informándoles de que se incluiría una disposición transitoria que permitiría mantenerla un curso más sin pasar por el procedimiento inicial, que implicaba presentar el proyecto horario, pasarlo por el claustro y el consejo escolar, el informe municipal razonado y superar la votación de las familias (al menos el 55% de los apoyos del censo). De hecho ninguno ha dado estos pasos.

El borrador del ROF se ha negociado ya con los sindicatos docentes, incluyendo la citada disposición, y sólo queda que sea oficial. La pasada semana, el Stepv, en un comunicado, informó de que afectaría a los centros que empezaron su aplicación en el 2016-2017 y que para el próximo curso se impulsaría una nueva orden normativa que establecería qué debían hacer aquellos a los que se les acabe la autorización. Es decir, tanto los 307 como los que fueron implantando el horario intensivo en cursos sucesivos. Y todo indica que no será empezar desde el principio. Educación no respondió ayer si hubo relación de causalidad entre la inclusión de la disposición y el procedimiento judicial, aunque es cierto que ha sido una reivindicación sindical constante el hecho de facilitar el mantenimiento de la continua sin volver al inicio.

Las fuentes jurídicas consultadas ayer coinciden en que con estas nuevas disposiciones se podría reconducir la situación de los 307 centros beneficiados de un proceso ahora considerado irregular. «La sentencia dice que el canal de entrada ha fallado, pero la administración tiene la posibilidad de enmendarlo, de regularizarlos en aplicación de la misma», explican, antes de recordar que se cuestiona el procedimiento, no la modalidad horaria.

Para la plataforma el fallo no es la solución definitiva al conflicto. A su juicio es necesario evaluar los efectos de los tipos de jornada y que cualquier decisión esté centrada en el bien superior de los menores.