Educación rescindirá el contrato a las empresas de limpieza con impagos

Protesta de las trabajadoras por el retraso en el pago de las nóminas en la sede de Educación. / m. molines
Protesta de las trabajadoras por el retraso en el pago de las nóminas en la sede de Educación. / m. molines

El nuevo concurso para adecentar 158 centros contempla la cancelación si el abono del salario a las empleadas se retrasa más de dos meses

J. BATISTAVALENCIA.

La Conselleria de Educación ha sacado a concurso la limpieza de 158 centros públicos, la mayoría institutos, tras no prorrogarse el contrato firmado en 2016 tras la anterior licitación relacionada con este servicio. La procedimiento incluye los cinco lotes asignados a Limpiezas Raspeig, con la que Educación ha decidido no prolongar la relación laboral «tras haber recibido un gran número de reclamaciones del personal, de centros y de diversos sindicatos por el retraso reiterado del cobro de los salarios, de las pagas y de los finiquitos», tal y como se desprende del informe que justifica la tramitación de la licitación por la vía de urgencia. Los otros cuatro lotes corresponden a empresas que han decidido no acogerse a la posibilidad de prórroga.

La principal novedad del pliego de condiciones que deben cumplir las licitadoras tiene mucho que ver con lo sucedido a principios de año en los 85 centros asignados a Limpiezas Raspeig en 2016, pues las demoras en el abono de las retribuciones de las trabajadoras y trabajadores derivaron en una huelga de casi un mes que creó verdaderos problemas de salubridad en los centros.

En esta ocasión, se incluye la opción de que la administración resuelva el contrato con cualquier empresa si el pago de los salarios se demora más de dos meses y siempre que afecte al menos al 5% del personal. Además, se puede optar por una penalización económica de hasta el 10% de la factura mensual que paga la administración por el servicio, y se advierte de que aplicar estas penalidades no es incompatible con la exigencia de una indemnización por daños y perjuicios. También se puede imponer una multa si el retraso de la retribución es de un mes, si bien como máximo llegaría al 5% de una mensualidad.

Las demoras afectan otra vez a las trabajadoras y UGT y CC.OO. piden a Educación que garantice las nóminas

Como consecuencia de los retrasos en los pagos (hasta tres meses), Educación abrió un expediente a la citada empresa y a Netalia, del mismo administrador, si bien dijo que legalmente no podía cancelar los contratos como pedían las trabajadoras. Al fin y al cabo, no estaba contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público aplicable a ese caso, pues era una versión previa a la de 2017, que ya incluyó la resolución por demoras en el abono. De ahí la inclusión en la licitación en curso.

El contrato actual sigue vigente hasta el 31 de agosto y la empresa que gane el nuevo concurso empezará el 1 de septiembre. Los impagos vuelven a afectar a las trabajadoras, a las que se les adeuda la nómina de mayo, y tanto UGT PV como CC. OO. PV temen que la deje pendiente, igual que el salario de junio y las liquidaciones que puedan corresponderles, tal y como se lee en el escrito presentado ante la conselleria la pasada semana. En el mismo se pide una reunión urgente con Vicent Marzà, que se cierren los expedientes abiertos (en teoría para evitar que se puedan presentar a la licitación) y que el dinero de la fianza depositada sirva para cubrir la deuda con las profesionales.

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