Educación insiste en que los concertados sí deben dar copia de los exámenes

El conseller de Educación, Vicent Marzà. / jesús signes
El conseller de Educación, Vicent Marzà. / jesús signes

La conselleria considera que la ley que reconoce este derecho a los padres ha de aplicarse porque los centros prestan un servicio público

J. BATISTAVALENCIA.

La Conselleria de Educación considera que la circular remitida la pasada semana a los colegios públicos y concertados, recordando la obligación de facilitar copias de los exámenes a los alumnos mayores de edad o familias que las pidan, es correcta y aplicable a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Su postura choca con las instrucciones internas remitidas a los titulares de los centros privados concertados desde diferentes organizaciones, que defendían que no tenían que darse por aludidos por su naturaleza jurídica.

Fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà señalaron ayer, a preguntas de LAS PROVINCIAS, que «según la Abogacía de la Generalitat, en los centros concertados también es de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo Común porque, en este caso concreto, están ofreciendo un servicio público». Además, insistieron en que la circular de la administración, enviada el día 28, no está relacionada con ninguna regulación nueva, sino que es un recordatorio de la normativa estatal vigente desde 2015.

Todo se remonta a noviembre de 2018, cuando el Síndic de Greuges pidió a Educación que emitiera unas instrucciones a los «centros de su dependencia» recordando el derecho que asiste a estudiantes y familias a acceder a copias de los exámenes, sin necesidad de iniciar la vía formal de revisión de calificaciones. El Defensor del Pueblo había detectado que en los decretos y órdenes de la Comunitat no había referencias concretas al mismo, que se deriva de la citada ley estatal y que viene a recoger la opción de cualquier interesado en un procedimiento administrativo a acceder a copias de documentos que le afecten.

Además, citó diferente jurisprudencia que avalaba que este derecho es de plena aplicación en el ámbito educativo. La idea del Síndic era evitar que hubiera centros o docentes que se negaran a darlas por no existir referencias normativas o instrucciones concretas, y planteaba que las mismas podían servir como material de repaso a los alumnos.

La Conselleria de Educación, tras conocer la petición del Síndic, decidió aceptar la sugerencia, que se materializó en el recordatorio enviado la pasada semana y que hacía referencia a «todos los centros». A los pocos días, desde asociaciones representativas de centros concertados como Escuelas Católicas se envió una circular interna en la que se informaba a sus colegios de que no estaban obligados a dar copias de estos instrumentos de evaluación debido a su naturaleza jurídica, con el argumento de que la Ley de Procedimiento Administrativo Común sólo afecta a las escuelas públicas, no a las concertadas.

«Por el momento, y en tanto no se produzca alguna modificación normativa, no es obligatorio entregar copias, sin perjuicio de los mecanismos de consulta y revisión que cada centro tenga recogidos en sus reglamentos de régimen interno», se podía leer en las circulares a las que accedió LAS PROVINCIAS. Es decir, no había obligación y todo dependía de si el centro tenía regulado algún protocolo en este sentido. La misma postura defiende la otra patronal, Feceval, que advertía de que existe un régimen de obligaciones distinto entre los centros sostenidos con fondos públicos.

La medida es polémica. Al menos en la enseñanza pública. Han sido varias las voces sindicales que la han cuestionado porque se corre el riesgo de quitar valor a la evaluación continua, de que se dé un mal uso a las copias (por ejemplo difundiéndolas en internet) o que se reste autoridad al profesorado buscando correcciones externas. Sí ha sido bien acogida por las confederaciones que representan a las familias al ser herramientas de estudio y siempre que se utilicen correctamente.