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Desaparecidos en la Comunitat

Desaparecidos en la Comunitat

Casi 600 valencianos en paradero desconocido: en 16 de las denuncias la policía apreciaba un alto riesgo

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Martes, 3 de diciembre 2019

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La madre de Marta Calvo recorre la localidad de Manuel en busca de pistas de su hija horas antes de la dramática noticia. Alejandra mueve cielo y tierra para encontrar justicia para la suya, Nathaly, cuyo rastro se perdió en Perú hace casi dos años. En Xàbia, Natalia se aferra al milagro: ver aparecer a su hija Khrystyna que se fue al colegió con 15 años hace media década y ya no regresó. Es el sino de aquellos que buscan o esperan a seres queridos que se esfumaron sin más explicación o después de vivir inquietantes últimas horas tras las que el libro se queda en blanco.

El drama de los desaparecidos se comprende con las últimas cifras del Ministerio del Interior sobre el fenómeno en España. A lo largo del año pasado (son los datos más actualizados de los que dispone el Gobierno) se registraron más de 176.000 denuncias en el sistema policial de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. De ellas, 12.330 seguían activas el 31 de diciembre.

¿Qué sucede en la Comunitat? Acabamos el año pasado con 575 denuncias activas de desaparición de personas. De ellas, 16 tenían un nivel de clasificación de riesgo alto. Era el supuesto de Marta Calvo y se da, tras un análisis policial, en estos casos: indicios de secuestro o peligro para la vida o ausencia en contradicción con el comportamiento habitual del desaparecido. «Se tiene en cuenta, por ejemplo, si es la primera vez que desaparece o ya ha habido antecedentes», aclaran fuentes policiales. Otros factores que marcan el riesgo alto son «la ausencia de explicación, mensaje o carta, que no haya llegado a su destino, que no porte efectos personales o que haya abandonado su vehículo sin razón aparente». También podría considerarse de peligro alto «la desaparición de personas peligrosas o violentas, la desventaja física o mental del ausente, la necesidad de tratamiento médico o cuando se trata de una víctima de violencia machista».

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De las 575 denuncias de desaparición activas a finales del año pasado, 357 correspondían a menores de edad. Son un elevado 60%. Según el ministerio, la Comunitat está a la cabeza de España en desapariciones de niños y adolescentes junto con Andalucía, Murcia y Cataluña. «La ausencia de un menor», ahondan las fuentes gubernamentales, «se presume siempre de alto riesgo, con independencia de que sea voluntaria o no y sólo se excluye de esta regla general las fugas de los centros de internamiento o acogida o circunstancias análogas».

Una de las desapariciones más desconcertantes de este año es la de Henry Alejandro Jímenez Marín, un colombiano de 20 años residente en Alicante. No se sabe de él desde el 1 de enero. Su rastro se perdió en Orihuela tras recibir una paliza en una fiesta de Nochevieja.

Así lo recuerda hoy su madre, Gina Marín, tras once meses sin noticias sobre su paradero. «Es un buen chico. Trabajaba como traductor de inglés y francés en nuestra peluquería familiar y cursaba estudios de Segundo de Bachillerato.

Lo vio por última vez el día de Nochevieja. «Se fue a trabajar a un restaurante donde estaba empleado algún fin de semana. A la 1.43 horas me mandó un audio felicitándome. 'Mamá, feliz año, te quiero mucho, ya he salido de trabajar'».

La investigación del caso sigue bajo secreto de sumario en un juzgado de Orihuela. «Hasta donde hemos podido saber», ahonda la apenada madre, «estuvo en un domicilio de fiesta con unos conocidos y un hombre de origen irlandés le dio una gran paliza. Uno de los testigos se refirió a 'golpes que sonaban como petardos'». La última pista es un vídeo de un colega «en el que se ve a mi hijo magullado en una esquina mientras decía 'mamá, mamá' con la voz muy rota».

«Quizá murió y lo ocultaron»

De momento no ha habido arrestos en relación al caso. «Como madre, me aferro a la idea de que volveré a abrazarlo. Quiero pensar que quedó muy afectado por la paliza, sin recordar nada, y está vivo y desorientado en cualquier lugar de España». La otra hipótesis de Gina es aún más dura: «O quizá murió y escondieron su cuerpo por miedo a las consecuencias...».

Tras las desapariciones hay siempre una condena: la de los familiares y seres queridos, explica Pura Beltrán, psiquiatra forense y jefa de la sección en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. «En las muertes no esperadas, como los accidentes, suicidios u homicidios queda la rabia, a veces culpabilidad... La persona no se ha podido adaptar a que el familiar deje de existir».

Con los desaparecidos, entiende Beltrán, «el duelo es aún más difícil de gestionar, pues afloran emociones contrapuestas: incertidumbre, frustración, negación a la pérdida, esperanzas de aparición, sensación de vulnerabilidad...». Según la experta, hay casos en los que aparecen «pseudoalucionaciones, de manera que los familiares creen haber visto a la persona» ausente.

Después de casi un año de interrogantes, Gina se ha cambiado de casa. «No podía seguir adelante con tantos recuerdos. Guardo toda su ropa en cajas, confiando en que un día vuelva. Muchas veces la saco, la plancho, huelo su perfume, veo sus libros...». La psiquiatra forense lo explica así: «Con la aparición del cuerpo, la mente tiene licencia para elaborar el duelo y, a nivel social, se genera mayor apoyo». No sucede así con las desapariciones.

Alejandra Ayala es otra de esas madres valencianas que, como la de Marta Calvo, buscó a su hija desesperadamente. Lo hizo en Perú, a donde Nathaly Salazar viajó como mochilera con 28 años. Su pista se perdió el 2 de enero de 2018, cuando abandonó el hostal de Cuzco donde se alojaba.

Un presentimiento sigue persiguiendo a Alejandra: «La investigación dice que dos desalmados se deshicieron de su cuerpo después de un accidente de tirolina, pero yo creo que mienten, que le hicieron algo mucho peor». Ahora esos dos sospechosos están a la espera de juicio. «Ellos dicen que la tiraron a un río, pero a mí nadie me ha devuelto el cuerpo de mi hija. Creo que jamás revelarán donde lo escondieron por su propio interés».

El hecho de que la Comunitat cuente con un extenso litoral «le hace ser un territorio con un importante número de desapariciones». Lo constata en sus investigaciones uno de los mayores especialistas de la Policía Nacional, José Carlos Beltrán. «Son territorios con alta densidad de población, movimientos migratorios o flujos de entrada y salidas de población extranjera».

34 familias angustiadas

Las imágenes que ilustran este reportaje son los carteles de 34 personas desaparecidas entre 1988 y 2019, la mayoría en la Comunitat. Son sólo algunas de las denuncias activas, aquellas cuyas familias han querido difusión del caso en busca de colaboración ciudadana. Entre ellas está Nathaly Salazar, la valenciana desaparecida en Perú en un caso criminal y Nuria Ester Escalante, la alicantina de 52 años cuyo rastro se perdió misteriosamente en Ibiza.

Las familias urgen más agilidad trasla denuncia

La Fundación Europea por las personas Desaparecidas (QSD Global) es una de las iniciativas más activas de España en defensa y auxilio de las familias de desaparecidos. Según destaca su vicepresidente, el periodista Paco Lobatón, «el caso más antiguo que se investiga en España data de 1973». Alberto Pérez Elvira desapareció en Lanzarote el 2 de julio de ese año. «Han pasado ya 46 años. Sólo pudo localizarse su bicicleta azul con las ruedas pinchadas», recuerda.

Otros de mayor proyección mediática son el del niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez, o el niño pintor de Málaga, David Guerrero, ambos desaparecidos en 1986. «Se supone que la investigación policial sobre estos casos no termina mientras no se llegue a algún resultado, pero lo cierto es que las respectivas familias se han visto obligadas a pasar por el duro trance de declararlos fallecidos, sin poder ejercer su legítimo derecho al duelo, y , en cambio, teniendo que hacer frente a importantes tasas económicas», revela el veterano comunicador.

Hace sólo dos semanas se celebró en Madrid el IV Foro de Familias de Personas desaparecidas. Entre sus principales demandas urgen «el derecho a que la toma de la denuncia por la desaparición de un ser querido sea inmediata, erradicando el 'mito' de las 24 horas de espera», tiempo prudencial que se deja antes de autorizarse la denuncia. Entienden que las ayudas para las familias son escasas. Consideran un derecho «recibir la atención psicológica, jurídica e incluso económica que permita hacer frente al impacto emocional, la incertidumbre y otros efectos colaterales». Y piden oficinas de atención a las familias.

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