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Cola para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. EFE
Más de 26.000 expedientes colapsan la tramitación del ingreso mínimo vital en Valencia

Más de 26.000 expedientes colapsan la tramitación del ingreso mínimo vital en Valencia

Medio centenar de funcionarios renuncian a su labor por la falta de plantilla ante la avalancha de solicitudes en la provincia

LAS PROVINCIAS

Viernes, 10 de julio 2020, 10:54

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La tramitación de expedientes del ingreso mínimo vital (IMV) en la provincia de Valencia ha producido un colapso en las oficinas de la Seguridad Social tras una avalancha de 26.000 solicitudes. Un mes después de que el Gobierno anunciara esta nueva ayuda en tiempos de coronavirus, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que entre los motivos que producen esta situación se encuentran los múltiples requisitos necesarios, los cambios de criterio, la acumulación de expedientes y la escasa plantilla que los tramita.

La cita previa por internet se agota pasados unos minutos. Los funcionarios ayer daban fechas posteriores al 5 de agosto para tramitar las solicitudes, y la semana pasada tan solo pudieron resolver 19 expedientes en la provincia de Valencia.

Según Ezequiel Archilla, presidente autonómico del Sector de Administración General del Estado de CSIF, «se están produciendo duplicidades», ya que en algunos casos piden las ayudas varios miembros de una misma familia, aunque solo se concede a uno. Muchos ciudadanos también desconocen que, como anunció la vicepresidenta del Consell, el IMV es incompatible con la renta valenciana de inclusión.

«El Ministerio sí que admite ambas ayudas y permite la tramitación, pero Conselleria está obligando a devolver el dinero de la renta valenciana de inclusión a quien ha cobrado ya el ingreso mínimo vital. Esa circunstancia genera renuncias a este último y, por tanto, la anulación de un expediente ya trabajado», señala el sindicato en un comunicado.

A esa falta de información sobre incompatibilidades se suman los continuos cambios normativos en la tramitación, el escaso desarrollo del real decreto que lo aprobó o «los numerosos requisitos demandados para adjudicar esta ayuda y que dificultan la tramitación del expediente», asevera Archilla.

La central sindical explica también que la acumulación de peticiones y la complicación para tramitarlas, sumadas a las renuncias de los afectados una vez aprobados, están provocando la desmoralización de empleados públicos de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), que son quienes desarrollan el trabajo.

CSIF recuerda que esta labor resulta voluntaria, ya que no se ha producido un refuerzo de plantilla para acometerla. No obstante, el escaso incentivo económico y los continuos obstáculos que la dificultan provocan que más de 50 trabajadores hayan renunciado ya a seguir tramitándola en la provincia. El sindicato reclama más claridad en la información al usuario y también en los requisitos, de manera que los empleados públicos puedan tramitarlo en las condiciones adecuadas y evitar el actual colapso.

La medida estrella puesta en marcha por el Gobierno para proteger a las familias más vulnerables está teniendo una muy buena acogida. Desde el pasado 15 de junio, fecha desde la que ya se puede solicitar, la Seguridad Social ha recibido ya más de medio millón de peticiones, concretamente 511.000, pero sólo la mitad cumple con los requisitos necesarios para poder cobrarla.

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