«Nos han criminalizado por el simple hecho de movilizarnos por nuestra seguridad»

La formación exige medidas que garanticen la integridad de los empleados ante los ataques que reciben a diarioJorge Vilas Presidente del CSIF Administración General

I. G.VALENCIA

El presidente de la sección de Administración General de CSIF en la Comunitat denuncia la desprotección que sufren los funcionarios de prisiones. «Los trabajadores van equipados con un 'walkie talkie' y un boli, y con eso pretenden que se defiendan ante los presos, que en muchos casos son toxicómanos o sufren alguna enfermedad mental no medicada», asegura. El representante del CSIF pide que los carceleros puedan ir equipados con «pistolas eléctricas» para reducir a los presos en caso de reyerta y así «evitar incidentes con funcionarios lesionados como el pasado domingo en Picassent, sería una forma de sentirnos más seguros».

Vilas confiesa que actualmente está expedientado por parte de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias a causa de «unas declaraciones en las que denuncio la situación que vivimos». Además, afirma que «el colectivo de funcionarios de prisión está criminalizado por parte de la Administración por el simple hecho de movilizarnos por nuestros derechos».

«Hay un problema tremendo de descordinación con Sanidad, ya que muchos presos padecen enfermedades psiquiátricas que se obvian al entrar en prisión para que la Administración no tenga que pagar la medicación», proclama Vilas que relaciona esta situación con «los brotes psicóticos que atraviesan los reclusos y que les tornan en personas muy violentas que atentan sin motivo contras los trabajadores de la cárcel».

Los sindicatos reclaman que los carceleros sean considerados agentes de autoridad

Otro problema es el número de vacantes en centros penitenciaros y la elevada edad media de los funcionarios. «Nuestras prisiones están desbordadas y nos faltan trabajadores. La mayoría son gente mayor que no tienen la misma agilidad y fuerza física para enfrentarse a presos de veinte años, es un matadero consentido por Secretaria General», añade Vilas.

«La propia Administración reconoce que se salta la legislación de 'un preso una celda', pero no hace nada al respecto, estamos arrinconados», concluye.