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J. B.
Valencia
Domingo, 10 de diciembre 2017, 23:13
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El sector afronta un futuro «imprevisible», en palabras de Vivancos, que se refiere a las dificultades que se intuyen ante «anuncios de la administración que colisionan directamente con la prestación del servicio», en referencia a la previsión de que el curso que viene todas las escuelas municipales, incluso las gestionadas por entidades privadas, ofrezcan gratuitamente las plazas de dos años. «Muchos centros son impulsados por gente que debe asumir una hipoteca o aún no ha satisfecho la inversión del local. Sin olvidar la exigente normativa del sector, que existe para satisfacer una demanda a petición de la administración. Se está creando el ambiente para una tormenta perfecta», dice, pues no son pocos los asociados que piden impulsar medidas de presión.
«Hay caída de natalidad, aulas experimentales, nuevos anuncios o recortes en el cheque como la exclusión de familias en situación irregular. Son muchos los centros que generan pérdidas», añade González-Mayo, muy crítica con la falta de información de la administración hacia el sector. Otro problema que apunta Bardal es la reducción de las aulas de entre cero y un año, pues las convocatorias de ayudas no tienen en cuenta la especifidad de este tramo, lo que dificulta el acceso.
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