El Constitucional obliga a adaptar la ley de vivienda

Ximo Puig asegura que la norma es «absolutamente irrenunciable» mientras el PP pide la dimisión de la consellera Salvador

REDACCIÓN

valencia. La Generalitat estudiará el fallo del Tribunal Constitucional que anula algunos artículos de la Ley de la Función Social de la Vivienda y luego actuará «en consecuencia» para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. «La voluntad política de que los valencianos tengan derecho constitucional a una vivienda digna es absolutamente vigente y continuará siendo vigente a través de las políticas que vamos a implementar», aseguró ayer el presidente Ximo Puig.

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, los magistrados acordaron dejar en suspenso los preceptos que se referían a la expropiación forzosa de pisos vacíos o el que obligaba a las empresas suministradoras de agua, luz o gas a solicitar un informe a los servicios sociales como requisito previo a realizar un corte de suministro. «Ni los coletazos de Rajoy van a poder frenar la apuesta por la vivienda social y digna que ha emprendido el Consell del Botànic», fue el mensaje que lanzó el vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata.

«Lo que debemos hacer es estudiar bien la sentencia y, en función de lo que diga, ver de que manera somos capaces de llegar al final en esa función social de la vivienda», fue la matización que efectuó Puig.

Desde el PP, la portavoz de Vivienda y Medio Ambiente del Grupo popular en Les Corts, Elisa Díaz, reclamó la dimisión de la consellera María José Salvador tras la sentencia del Tribunal Constitucional que a su juicio «tumba la pésima gestión de vivienda del Botánic». Según la diputada popular, Salvador «ha hecho el ridículo y ha quedado en evidencia. En tres años no ha querido gestionar dentro de sus competencias y ha dedicado el tiempo a engañar a personas vulnerables con una ley que no ha aplicado ni durante sus primeros seis meses de vigencia, hasta que fue suspendida, ni posteriormente cuando se levantó la suspensión sobre prácticamente todo el articulado».

Ciudadanos (Cs) en Les Corts reclamó al Consell que explique cuál es su «plan B» para la Ley por la Función Social de la Vivienda. La diputada de Cs Mª José García subrayó o que su grupo «ya advirtió en su momento que esta norma valenciana tenía visos de inconstitucionalidad» y alerto de la existencia de «7.100 hogares valencianos al límite de la pobreza, que se encuentran ante el colapso para acceder a una vivienda en alquiler y con elevados retrasos para recibir las ayudas por parte de la Conselleria».

Podem se preguntó por las «prioridades» del Gobierno socialista respecto a las políticas sociales tras el fallo del Constitucional.

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