El Constitucional anula parte de la ley de la vivienda de la Generalitat

El Constitucional anula parte de la ley de la vivienda de la Generalitat

El tribunal deja sin efecto las expropiaciones forzosas de pisos vacíos a los bancos y las medidas antidesahucios

I. DOMINGO / A. CERVELLERA

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado varios artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la Generalitat -y que entró en vigor en febrero de 2017- al considerar que son inconstitucionales por invadir competencias del Estado.

El Gobierno del PP recurrió la normativa en noviembre del año pasado y, en marzo, el TC levantaba parcialmente la suspensión de la ley excepto los artículos referidos a la expropiación forzosa. Ahora, en una resolución aprobada en el pleno del día 5 y que cuenta con votos particulares, el TC declara la inconstitucionalidad de los artículos 6.1, 12.4, 13 y 23.5 además del anexo I.

Así, los magistrados acordaron dejar en suspenso los apartados referidos al procedimiento de expropiación forzosa de pisos vacíos tanto de los bancos como de particulares; los requisitos (contemplados en el anexo) para justificar la situación de riesgo de exclusión social; y el artículo por el que se obligaba a las empresas suministradoras de agua, luz o gas a solicitar un informe a los servicios sociales previo a realizar un corte de suministro. También se anula el apartado referido a acción pública y derecho subjetivo exigible en materia de vivienda.

Desde la Generalitat, la consellera María José Salvador criticó «la herencia en diferido que nos deja el anterior Ejecutivo central a todos los valencianos en relación a nuestro derecho a una vivienda digna» y lamentó la decisión del TC «que supone un paso atrás y nos aleja del ámbito internacional y europeo». Recordó que la normativa contaba con los informes preceptivos favorables y reiteró que seguirá defendiendo «el derecho a una vivienda».

Esta ley es una de las dos que permanecían con recursos por parte del Ejecutivo central y el Consell trasladó a Pedro Sánchez la petición para que se retirarán los recursos. En este sentido, el diputado de Podemos César Jiménez lamentó la resolución del Constitucional y se preguntó «por las prioridades del Gobierno del PSOE respecto a las políticas sociales y en concreto de los intereses de los valencianos».

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