El Consell desoye el informe de Competencia sobre los VTC y sigue adelante con su decreto

Salvador no considera «vinculante» el documento, mientras las empresas se muestran satisfechas y los taxis dicen que está «sesgado»

JOSÉ MOLINS

valencia. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha desatendido el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat sobre las VTC, que carga contra el proyecto de decreto ley de prestación del servicio de transporte público de vehículos con conductor. La consellera, María José Salvador, considera que el informe «no es vinculante, ni preceptivo, ni se ha pedido».

El Consell, por tanto, sigue adelante con el decreto ley, con el objetivo de aprobarlo antes de las elecciones autonómicas del 28 de abril y se encuentra a la espera del informe de la Abogacía de la Generalitat, el único que sí consideran vinculante. «Antes tiene que pasar todos los informes de los órganos competentes. La Abogacía hace su informe y no hay fecha de su publicación», expresó Salvador.

El informe desaprueba la norma que prepara el Consell para regular el transporte mediante VTC (Cabify y Uber) al considerarlo discriminatorio. Critica la precontratación de 15 minutos y la prohibición de la geolocalización y solicita que se eliminen, por lo que considera que «restringe la competencia limitando la oferta». La consellera aseguró que el documento se ha hecho de oficio.

Las empresas recuerdan que pueden reclamar una indemnización de 166 millones al Consell

Por su parte, el presidente de las VTC en Valencia, Ricardo González, se mostró satisfecho con el contenido del informe, y considera que no hay una urgente necesidad que pueda argumentar el Consell para hacer el decreto ley. «Va en consonancia con lo que decimos, no cabe regulación para VTC porque va en contra de los usuarios», expresó. Además, González recordó que las empresas pueden reclamar indeminaciones por valor de 166 millones de euros si se aprobase el decreto ley que planea la Generalitat. «Esperamos que la Conselleria analice todos los informes, de Competencia, de los consumidores, las empresas, porque todos menos el del taxi dice que no cabe una regulación porque iría en contra de la movilidad de la ciudad», comentó, y subrayó el carácter «discriminatorio» de la medida, «que limitaría las garantías de los usuarios» de los vehículos con conductor.

En el lado opuesto se sitúa el presidente de la Federación Sindical de Taxis de Valencia, Fernando Molino, que cargó contra el contenido del informe de Competencia: «Son posturas poco objetivas. Están denunciando cualquier regulación que afecta a VTC y taxis en toda España, y se basan en informes sesgados». El dirigente se mostró en la misma línea que la consellera al considerar únicamente como válido el documento de la Abogacía. «Entendemos que hacen falta informes objetivos y que la administración tiene potestad para regular a las VTC sin tener en cuenta a Competencia. Lo que diga Competencia para favorecer intereses de las multinacionales y las empresas nos da igual. Las VTC no pueden hacer de taxis», aseguró Molino.

El proyecto de normativa del Consell continúa por tanto sus pasos administrativos y según la Conselleria el texto está terminado. Se ha remitido a la Abogacía de la Generalitat para que emita el informe preceptivo. La Conselleria no tiene previsto solicitar pronunciamiento al Consell Jurídic Consultiu.