El concurso de los puntos de encuentro, paralizado al dejar Oltra fuera a empresas

Interior de un punto de encuentro familiar valenciano. / irene marsilla
Interior de un punto de encuentro familiar valenciano. / irene marsilla

El Tribunal Central de Recursos Contractuales suspende el proceso porque podría tener consecuencias «de difícil o imposible reparación»

D. GUINDO

valencia. Dejar de lado al sector privado vuelve a pasar factura a la Generalitat. En esta ocasión, ha sido el concurso impulsado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la gestión de los puntos de encuentro familiar el que ha quedado en suspenso, al menos de forma provisional, por la decisión del departamento liderado por Mónica Oltra de no permitir a las sociedades mercantiles presentarse al procedimiento, exclusivo para entidades sin ánimo de lucro.

El frenazo al proceso empezó a gestarse el pasado mes, cuando la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) y otras dos entidades del sector interpusieron un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra los pliegos del citado procedimiento, bautizado como Servicio para la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar (judiciales) de la Comunitat, que había sido convocado por la conselleria.

El motivo de la presentación de este recurso, explicaron desde Aerte, era la imposibilidad de que empresas pudieran presentarse a la gestión del servicio lo que, desde el punto de vista de la asociación, era contrario al artículo 132 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que indica que, en ningún caso, podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, «que no es el caso que nos ocupa», precisaron.

La conselleria subraya que es provisional y que el tribunal no entra a valorar el fondo del procedimiento

El pasado martes, el tribunal notificó a las partes que resolvía la concesión de la medida provisional consistente en suspender provisionalmente el procedimiento de contratación por los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por parte de la conselleria del procedimiento de contratación, y que son considerados como de difícil o imposible reparación.

«La Ley de Contratos del Sector Público es clara cuando impide, de manera tajante, la exclusión de entidades por su forma jurídica en la contratación administrativa, por lo que esperamos que el tribunal se pronuncie de manera favorable a nuestra posición en este procedimiento y corrija la decisión tomada por la conselleria», apuntó el presidente de Aerte.

Por su parte, desde Igualdad quisieron puntualizar que se ha adoptado una suspensión cautelar, precisamente para evitar que afecte a intereses de terceros, pero subrayaron que el tribunal «no entra en el fondo» del asunto.

Sin embargo, Oltra ya ha explicado en más de una ocasión que la prioridad del departamento es la gestión directa y, en segundo lugar, la colaboración con entidades sin ánimo de lucro. Las mercantiles sin, por tanto, la última opción. Precisamente, la consellera escenificó ayer esta postura con la formalización del concierto social de 2.087 plazas para personas mayores en centros residenciales y de día gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Aseguró que representa «un paso más en la implantación de un modelo residencial centrado en la persona» para «darles voz y centrar en ellos la mirada». Al respecto, explicó que la puesta en marcha del concierto social en el sector de personas mayores facilitará a los centros «recibir los recursos económicos en tiempo y forma, lo que afecta positivamente también a los profesionales».

Frente a ello, las empresas que gestionan recursos de este tipo siguen a la espera que la Generalitat cumpla su compromiso e impulse también una fórmula marco que ampare y ofrezca seguridad jurídica a la relación de las mercantiles con el departamento y la atención a colectivos vulnerables.