La concertada alerta del trasvase de alumnos que provoca la bajada de las ratios

Alumnos en una escuela concertada. / yolanda cardo
Alumnos en una escuela concertada. / yolanda cardo

Centros y padres instan a PSPV y Compromís a respetar las decisiones judiciales, defienden la labor social que realizan y rechazan la acusación de que hacen negocio

J. BATISTA

Los representantes de la enseñanza concertada salieron ayer al paso de las críticas lanzadas desde el PSPV y Compromís después de que el TSJCV anulara la bajada extraordinaria de las ratios aplicada en 30 municipios tras un recurso presentado por la patronal Escuelas Católicas. En redes sociales se publicaron mensajes de diputados y altos cargos que acusaban a la red de tener afán de lucro y de defender «su negocio», a la vez que se atacaba la independencia del TSJCV. Desde el tribunal evitaron hacer valoraciones, algo por otro lado habitual cuando han sido objeto de acusaciones desde el sector político.

En cuanto a la concertada, varios representantes coincidieron en que la medida implica trasvasar alumnado hacia la enseñanza pública, en el sentido de que pasar de 25 alumnos como máximo a 23 implica perder dos plazas en aquellos centros con demanda, como suele suceder con los sostenidos vía concierto, y también lamentaron que se recurra a «clichés» y «tópicos» cuando algunos sectores políticos se refieren a la red. La defensa de la labor social que realizan la mayoría de centros, los llamamientos a respetar las decisiones judiciales cuando son favorables y desfavorables y la negación de las acusaciones de que hacen negocio con la educación fueron otros de los argumentos utilizados.

Desde Escuelas Católicas, la secretaria autonómica Vicenta Rodríguez defendió que la sentencia, si se llevara a la práctica, beneficiaría también a los centros públicos. «Que se deshiciera la reducción no sólo afectaría a los concertados de los 30 municipios. Todos los colegios con demanda podrían acoger a más familias, a 25 niños, respetando su derecho a tener preferencia por la enseñanza pública», dijo tras señalar que piden el mismo trato para todos los integrantes de la comunidad educativa. En cuanto a las críticas sobre las aportaciones de las familias, recordó que son voluntarias y las vinculó con la limitación del concierto, que no cubre todos los gastos. Y también valoró las acusaciones sobre el negocio que supone su funcionamiento. «El negocio de los religiosos de la enseñanza es dar sin esperar nada a cambio, siempre disponibles para atender a cualquiera y entregando una vida a la labor educativa desde hace varios siglos», dijo.

Por último, destacó que la bajada de las ratios no es la única vía de mejora de la calidad -«es positivo, pero también lo es impulsar desdobles permitiendo más profesorado y facilitando la atención de alumnado con necesidades específicas dotando a los centros de medios necesarios»-, y reivindicó la labor social de la concertada: «Muchos estamos trabajando con población desfavorecida. Se puede ver con la cantidad de becas de comedor que recibimos».

Para Mariano Vivancos, director gerente de la otra patronal, Feceval, algunas críticas recibidas «denotan desconocimiento de la realidad de la concertada». «No es verdad que sea una escuela de privilegios y orille a clases desfavorecidas, muchas veces cumple una función social igual o mayor que la pública», destacó. En cuanto al trasvase, señaló que la bajada «es una forma de limitar la demanda social, lo que puede ayudar a garantizar alumnos a la pública y que no sea afectada por el arreglo escolar», y coincidió en que quitar dos niños a un aula no es la única medida de mejora de la calidad. Además, alertó de las consecuencias de futuro que puede tener para la renovación de conciertos.

A raíz de las acusaciones lanzadas tras el fallo, instó a «repensar los mensajes que publican aquellos que son representantes institucionales», y consideró que «no podemos empezar a criticar las sentencias sólo porque no nos gustan». Por último, pidió que si en alguna instancia se detecta una irregularidad en los pagos voluntarios se denuncie: «No hay ningún miedo en ese sentido».

Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa), coincidió en que la medida tiene más de «limitar la capacidad de elección de las familias» que de pedagógica. Aseguró ayer que nunca han recibido en la federación una queja por cobros irregulares y que en cambio es habitual que la asociación de padres o la titularidad ayuden a familias que lo precisan. «Es un tópico interesado», añadió, antes de destacar que «si fuera verdad que se cobran cantidades indebidas y las clases están atestadas no habría más demanda en la concertada». Por último, señaló que «no se puede atacar al TSJCV cuando las sentencias son desfavorables. Cuando perdimos los recursos contra el decreto de admisión y el de la Jornada Continua lo aceptamos», dijo.

Para Julia Llopis, de Concapa, «no es justo que se pongan la medalla de la calidad porque se hace para trasvasar alumnos», Además, le «encantaría» que se bajen las ratios «siempre que dieran la opción de concertar más aulas al colegio que se pudiera ver afectado para dar una mejor atención». «Si se busca quitar oferta, preferimos quedarnos como estamos», sentenció.

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