La citación de Vilaplana abre la puerta a un desfile judicial de cargos cercanos a Mazón

El tribunal considera útil para la causa que la instructora conozca lo que Vilaplana escuchó directamente del presidente o bien si este le trasladó información relevante en aquellas horas tensas de la tarde del 29 de octubre en las que Mazón mantenía conversaciones por teléfono con algunos de sus colaboradores.

Vilaplana siempre ha negado esta posibilidad. Lo hizo también en una misiva, incorporada ya al procedimiento, que ha terminado forzando su comparecencia. Existe un cambio fundamental en el relato de la periodista: en un primer momento señaló que la comida terminó a las 17.30 horas; más tarde que terminó nunca antes de las 18.30 horas.

La decisión de la Audiencia –la sección Segunda se está reuniendo en Pleno para este asunto– permite a la instructora aproximar más sus diligencias al entorno del presidente, en un cerco que paulatinamente reduce su tamaño. Era un terreno en el que la magistrada había sido muy cautelosa para evitar incurrir un nulidades porque no tiene competencias para investigar a Mazón al ser este aforado. Y todo esto independientemente de la tesis que maneja la titular del juzgado que no es otra que Mazón dirigía o daba indicaciones desde la distancia de las medidas a adoptar, según se desprende de algunos interrogatorios. De ahí el retraso en el envío del Es Alert, el mensaje que llegó a las 20.11 horas a los móviles de los valencianos, en un escenario realmente dantesco. Ese 'convencimiento', sin embargo, carece de indicios a día de hoy.

Pero estos se pueden ir construyendo a partir, por ejemplo, del testimonio de la periodista Vilaplana. Pero también de otros dirigentes hasta la fecha secundarios de la dana que pueden cobrar protagonismo. Ciudadanos, por ejemplo, ha pedido la comparecencia de José Lanuza, uno de los asesores de Presidencia. El letrado de esta acusación popular sostiene su petición con el mismo argumento de la Audiencia para la convocatoria de Vilaplana. Lo hace a partir de una información publicada el pasado fin de semana en el diario Levante.

En su momento, Podemos ya trató de ampliar el núcleo de las pesquisas. La acusación popular pretendía que declararan los escoltas para conocer los movimientos de Mazón entre las 8:00 y las 24:00 horas del día 29 de octubre. También la acusación de Acció Cultural pidió las llamadas, geolocalización y listado de las llamadas. El chófer de Mazón aquel día sería otra testifical quizá interesante. Pero la línea a la hora de marcar la diferencia entre una investigación directa al presidente es muy fina. Aunque la Audiencia ya ha señalado el camino.

La jueza reclamó ayer a Les Corts el listado de llamadas que el presidente aportó a la comisión de investigación del Parlamento valenciano. Se trata de una información que consta en un documento elaborado por Presidencia, pero no es el registro oficial de llamadas, como la factura de una compañía telefónica. En realidad, consiste en una selección de esas comunicaciones.

La instructora pretende comparar este listado de llamadas con las que en su momento aportó la consellera Salomé Pradas. La exdirigente ofreció toda esta información antes de su comparecencia en sede judicial. La jueza recuerda la resolución de la Audiencia donde se subrayaba que el presidente tiene funciones directivas y de coordinación, «de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell».