Bomberos y CHJ, a los tribunales por la falta de limpieza de los cauces

Un bombero en un incendio en el cauce del Turia. / I. Marsilla
Un bombero en un incendio en el cauce del Turia. / I. Marsilla

El cuerpo provincial exige 13.000 euros por gastos al sofocar fuegos y la Confederación acude a un juzgado al estimar que no tiene responsabilidad

J. A. MARRAHÍ

valencia. El mantenimiento de los cauces está en el foco de la polémica por el riesgo de inundaciones, pero también en prevención de incendios forestales. La facturación de extinción de incendios forestales en estos entornos a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, espinoso asunto que destapó LAS PROVINCIAS, habrá de dirimirse finalmente en los tribunales, pues el organismo fluvial ni paga ni cree que debe pagar. Y por eso ha recurrido a un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia que ya investiga la cuestión.

El conflicto entraña, entre líneas, un nuevo choque entre el PSOE, al mando del Ministerio de Transición Ecológica, organismo del Gobierno central del que depende la CHJ, y Compromís, al frente del Consorcio de Bomberos de Valencia. Unos y otros no se ponen de acuerdo con una cuestión tan esencial como es la prevención de incendios forestales y la responsabilidad del mantenimiento de los cauces y barrancos.

Según confirmaron ayer fuentes de Bomberos, el importe que se reclama a la CHJ asciende, exactamente, a 12.600 euros. Corresponde a la extinción de ocho incendios forestales en cauces y barrancos en los últimos dos años. Su anterior responsable, el ya apartado Josep Bort, razonó así la exigencia de esta tasa: «Hay una acusada falta de limpieza y mantenimiento». Son «zonas en las que se acumula gran cantidad de suciedad». Además, ahondó, «los incendios que se producen aquí tienen mucha carga de combustible y son complicados de apagar».

El conflicto supone un nuevo roce de Compromís y PSOE en el área medioambiental

Destacó otros problemas como la falta de accesibilidad, el tipo de material que arde, caña y matorral, y un elevado riesgo de propagación. «Son lugares», añadió el expresidente, que «limitan con terrenos forestales, viviendas o polígonos industriales». El precio medio de las actuaciones contra estos fuegos oscila entre los 1.000 y los 3.000 euros. La heredera del trono de Bort al frente de los bomberos, María Josep Amigó, comparte los planteamientos de su predecesor y colega de partido.

Pero la CHJ se defiende. En algún caso aduce que ni siquiera ha tenido noticia del incendio por el que se le pretende cobrar. Pero es más, ni siquiera se considera «sujeto pasivo del tributo». Según plantea, «tan solo tiene encomendadas la administración, gestión y defensa del dominio público hidráulico».

El organismo fluvial razona, de manera general, que actúa «todo el año en la conservación de cauces y barrancos». Destaca que la red fluvial de su ámbito asciende a 50.000 kilómetros «por lo que se utilizan criterios técnicos de priorización sobre los tramos de río cuya problemática es conocida» por inspecciones internas o peticiones de intervención de ayuntamientos.

Y enarbola otro argumento: «Aparte de los trabajos de oficio como administración con competencia general en conservación de cauces, existe la posibilidad de que las administraciones locales hagan trabajos, en especial en tramos fluviales urbanos». Asegura que se regulan «a través de autorizaciones que expide el organismo de cuenca y se tramitan con celeridad».

El juzgado valenciano encargado del caso ha solicitado expedientes a los bomberos sobre los fuegos y los cobros y éstos los han enviado. Ahora el organismo fluvial tiene la posibilidad de formalizar la demanda contra los bomberos que dejará el asunto en manos de la justicia.

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