El blindaje del castellano y la mayor exigencia para el alumno, fuera de la ley Celaá

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en una comparecencia tras el Consejo de Ministros. / JuanJo Martín /efe
La ministra de Educación, Isabel Celaá, en una comparecencia tras el Consejo de Ministros. / JuanJo Martín /efe

El primer informe del Consejo Escolar del Estado incluyó medidas incómodas para el Gobierno que decayeron en la versión definitiva

JOAQUÍN BATISTA

La futura ley orgánica de Educación, la novena de la democracia, afronta su tramitación en el Congreso 'limpia' de elementos incómodos para el Gobierno, es decir, aquellos que no acaban de encajar con su proyecto. Y eso que tras llegar al Consejo Escolar del Estado, que debía pronunciarse obligatoriamente sobre el anteproyecto, el primer informe del organismo planteó la inclusión de propuestas que chocaban con las intenciones del Ejecutivo y que formaban parte de la Lomce actual. En otras palabras, inicialmente se abogaba por mantenerlas, y de manera indirecta, se afeaba la decisión del Ejecutivo central de dejarlas fuera de la ley.

Es lo que sucedió con la exigencia de aprobar las asignaturas instrumentales para pasar de curso o el blindaje a nivel estatal del castellano. Sin embargo, el debate final sobre el documento, en el pleno del órgano consultivo, sirvió para desterrar estas ideas del dictamen definitivo que llegó la ministerio gracias a la mayoría (por dos votos) de los consejeros próximos a los postulados del ministerio, que tumbaron las propuestas incómodas a través de enmiendas. En resumen, la tramitación del proyecto en el principal órgano de participación de la comunidad educativa -toda está representada en el consejo- deja en evidencia que la ley Celaá, cuanto menos, causa división de opiniones.

El primer trabajo del organismo fue la elaboración de la ponencia, informe que correspondió a la comisión permanente, donde no están todos los miembros del consejo, sino una selección. Por ejemplo, los representantes de la administración estatal son tres y no ocho, como en el pleno. Esta diferencia sirve para explicar por qué en este foro se aprobaron cuestiones que luego, en el debate final, no tuvieron los apoyos necesarios para mantenerse.

Una de las medidas planteadas tenía que ver con la repetición de curso. La nueva ley Celaá baja el listón de la exigencia, pues permite pasar de curso en la ESO a los alumnos con dos asignaturas no superadas, sean las que sean. La comisión permanente planteó cambiar este artículo «para dar la importancia debida a las materias instrumentales», de manera que si se suspendía Lengua (o Valenciano) y Matemáticas de forma simultánea se repitiera, tal y como se recoge actualmente, por regla general, en la Lomce.

En el informe final aprobado por el pleno esta propuesta desaparece, y lo mismo sucede con la petición que hizo la comisión permanente para plasmar en la ley que los contenidos de las asignaturas confesionales (Religión) correspondieran «a las respectivas autoridades religiosas». También se incidía en que estas asumieran «las decisiones sobre la utilización de libros y materiales didácticos y en su caso la supervisión y aprobación de los mismos», en arreglo a lo establecido en los acuerdos suscritos con el Estado.

Este mismo párrafo aparecía en la Lomce y se elimina en el proyecto de ley, que refleja únicamente la idea de que las enseñanzas confesionales se ajustarán a lo establecido en los respectivos convenios. Es cierto que tanto en los casos de Religión Católica como Islámica estos acuerdos ya dan la potestad sobre los contenidos y los materiales a las autoridades confesionales, aunque la permanente pidió su inclusión como una manera de blindar estas competencias en una ley orgánica.

También desaparece de la ponencia inicial el que quizá fue el punto más llamativo: la propuesta para que la administración central concrete «una proporción mínima de uso de la lengua castellana en todo el Estado». Se justificó la petición en que «se da la circunstancia negativa en algunos puntos» de España «de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial del Estado y se incumple el artículo 3 de la Constitución, cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla». La propuesta continúa afeando la idea que persigue la ley: «no parece conveniente que la administración central haga delegación total de su uso vehicular» a las autonomías.

Aunque la ley Celaá recuerda el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, deja que sean las comunidades las que fijen su peso, lo que puede derivar en que se utilice para una única asignatura, como en Cataluña. Además implica un apoyo claro al modelo valenciano, que promueve que el español ocupe el 25% del tiempo lectivo (dos asignaturas) frente al 50% del valenciano. El Gobierno anterior pidió explicaciones al Consell por este motivo.

El dictamen final también elimina la propuesta de permitir la contratación de expertos en lenguas extranjeras mientras no haya personal con las competencias suficientes, opción que sí permitía la Lomce. Fue un modelo explotado en Madrid, y de forma experimental, en la Comunitat con el chino.

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