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P. MORENO
Sábado, 10 de noviembre 2018, 01:14
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valencia. Un almuerzo organizado ayer por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana sirvió para poner de relevancia el malestar tanto de este sector como de los promotores y otros profesionales por la burocracia de los Ayuntamientos y la Generalitat en cuanto a la consecución de licencias y aprobaciones de planeamiento. El decano de la entidad, Luis Sendra, leyó algunas de las sugerencias acordadas con motivo del Día del Urbanismo, donde citó como ejemplo la necesidad de acordar los plazos para los planes generales, con una media de 12 años, así como la necesidad de «agilizar todo el proceso».
Al encuentro acudió el secretario Autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando, quien admitió en el inicio «no estar contento» con el mandato por el trabajo pendiente cuando han pasado tres años. Anunció que en el plazo de dos semanas espera que se apruebe la Ley de la Huerta, una normativa necesaria entre otras cuestiones para sacar adelante el Plan General de Valencia.
El decano de los arquitectos destacó que en los últimos años, la Administración autonómica ha estado más pendiente de Valencia y su área metropolitana que del resto de la Comunitat, en especial para desatascar la compleja legislación que deben afrontar los Ayuntamientos pequeños cada día.
Antonio Olmedo, presidente de la Federación de Promotores y Agentes Urbanizadores, recordó que algunos planes urbanísticos necesitan hasta 44 informes para aprobarse. «Es tremendo», señaló para incidir en que el coste recae siempre en las empresas y es inasumible.
Sendra leyó algunas de las cuestiones que aparece en la Declaración de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, donde se reclama entre otras necesidades revisar «las estrategias legislativas actuales para adaptarse a los retos de las nuevas sociedades globales, así como la defensa y compromiso con los valores éticos, la sostenibilidad ambiental y la vivienda digna».
«Somos conscientes de que las estrategias sobre el territorio son complejas, peor por esa misma razón entendemos que hay que dar más voz a toda la sociedad civil». La cuarta propuesta apuesta directamente por «implicar a toda la ciudadanía en el planeamiento territorial», junto a «superar la ordenación del territorio por municipios», con una serie de criterios emanados de la Generalitat que sirvan a todos por igual. «No tiene sentido que los Ayuntamientos sean los que decidan dónde ubicar algunas instalaciones como un cementerio o un vertedero porque siempre elegirán el lugar más alejado de su casco urbano, aunque perjudique al vecino».
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