La Justicia archiva la acusación a Ribera Salud de cobrar comisiones a proveedores

Tras interrogar a testigos, analizar facturas y estudiar informes solicitados a distintas administraciones y organismos, el instructor concluye que no hay indicios de los delitos de malversación, cohecho y corrupción en los negocios que se investigaron. El auto señala que los denunciantes se basaban en un anónimo recibido y en «manifestaciones de traumatólogos», «suministrando datos muy escasos» por lo que el juzgado ha practicado diligencias encaminadas a «determinar si se ha producido una actividad delictiva en la gestión de la prestación ortoprotésica y concretar el posible ilícito penal».

El TSJCV explicó que según la denuncia sindical la central de compras B2B, entidad perteneciente a la empresa concesionaria estaba cobrando una comisión de hasta un 30% a los proveedores de prótesis. No obstante, era la Generalitat la que finalmente realizaba el pago de estos productos.

El juzgado requirió informes a la Conselleria de Sanidad, al Registro Mercantil y a la Agencia Tributaria. Señala también que se han revisado facturas y contratos y se ha tomado declaración a los dos denunciantes y cinco testigos vinculados a las proveedoras. El magistrado explica que el pago de la prestación endoprotésica está excluido del objeto contractual de las concesionarias y el gasto es asumido por Sanidad. «Este procedimiento ha sido corroborado por todos los testigos que han comparecido», señala el auto.

El juez razona el archivo en que las negociaciones entre suministradores de prótesis y la central de compras B2B «no han alterado el precio de las prótesis que la Generalitat debe abonar» y que «no han supuesto un mayor coste para el erario público, pues la propia Administración negocia y fija los precios de las prótesis. Así, el cobro de rapeles u otros conceptos por la plataforma de compras B2B no se puede relacionar con un correlativo mayor coste para la Administración».

El magistrado tampoco aprecia prevaricación porque «no se ha acreditado un perjuicio para el patrimonio administrado» y apunta que «no consta que ninguna autoridad o funcionario público haya desviado fondos de alguna manera ni que haya favorecido intereses privados a cambio de alguna remuneración» por lo que «no hay base para continuar el procedimiento». También descarta que exista encaje en el delito de corrupción en los negocios por cuanto «la adquisición de las prótesis no depende de la central de compras B2B, sino que son los propios profesionales de la medicina, quienes prescriben la prótesis que consideran adecuada».

Mientras este asunto se investigaba, en febrero del año pasado, se conoció que la Justicia frenó la pretensión de Sanidad de obtener información sobre las relaciones contractuales de Ribera Salud con sus proveedores y de, incluso, contar con una copia de las facturas. Lo determinó una resolución de la sala de lo Contencioso-Administrativo en la que el magistrado aceptaba la cautelar solicitada por la compañía ante el requerimiento para contar con toda esta documentación emitido por la propia conselleria.

El departamento que dirige Carmen Montón realizó esta petición a raíz de las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación sobre la supuesta percepción de comisiones de empresas.