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Lunes, 6 de mayo 2019
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5 de julio de 2016. Una vecina de Navarrés ve a Teresa Mercé pasear por la travesía principal del pueblo. La mujer de 72 años llevaba un pantalón blanco, bolso, sombrero y una blusa estampada. Una cámara de vídeo también captó su presencia en un supermercado. Pero nada más. Su rastro se perdió y los dispositivos de rastreo desarrollados hasta la fecha no han logrado cerrar la herida de sus familiares: el anhelo de un punto final, positivo o negativo, que permita pasar página y acabar con la incertidumbre.
Duda eterna y, en muchas ocasiones, el convencimiento de que la desaparición no fue voluntaria. Como en el caso de Nuria Ester Escalante, la alicantina posible víctima de un crimen cuando se marchó a Ibiza en octubre en 2018. Hubo un sospechoso detenido y encarcelado, pero recientemente fue puesto en libertad. El juez entiende que no hay indicios suficientes para sustentar una acusación. A tenor de las pruebas practicadas, ni siquiera considera confirmado que la ausencia de Nuria responda a un crimen. Y es que falta la prueba más relevante: el cuerpo. Si es que realmente murió. Las desapariciones están a la orden del día y van a más, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Tanto las de adultos como las de menores.
Los familiares del vecino de Monteolivete desaparecido antes de Semana Santa pasaron horas angustiosas hasta el hallazgo de su cadáver. Recientemente, una joven discapacitada desaparecida fue localizada con vida en Paterna. La otra cara de la moneda.
Según el reciente informe anual de Interior sobre personas desaparecidas en España, el pasado año acabó con 575 búsquedas activas en la Comunitat Valenciana, de ellas 15 consideradas de riesgo alto. Justo un año antes, con la foto fija puesta a 31 de diciembre, la cifra era considerablemente inferior: 384 personas en paradero desconocido. En 2017 eran 317 las denuncias en vigor al finalizar el año.
A nivel nacional, el año acabó con más de 12.000 personas en paradero desconocido. 12.000 familias angustiadas por sus seres queridos y, muchas de ellas, con la amargura de ver pasar las hojas del calendario sin aclarar qué fue de un padre, un hijo, un hermano....
En cuanto a la distribución territorial, de las más de 176.000 denuncias que se presentaron a lo largo de todo el año en España, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas que más casos acumulan. Por provincias, destacan Madrid y Barcelona en cantidad de desapariciones denunciadas.
¿Qué sucede con los menores? El año pasado acabó con 357 casos activos en la Comunitat referidos a menores desaparecidos. Esto significa que un 62% de todas las desapariciones pendientes de resolverse a finales de año en tierras valencianas correspondía a menores de edad. Además, se contabilizaron 34 sustracciones de menores, la cifra más alta desde 2011, según los datos de Interior. La mayoría de estos casos corresponden a padres enfrentados por la custodia de sus hijos.
El informe estatal constata que la mayor parte de las denuncias en situación activa relativas a desapariciones de menores de edad pertenecen a ciudadanos extranjeros, casi un 96%. Únicamente 519 denuncias de las 12.330 activas en España a finales de año pertenecían a menores de nacionalidad española.
Para afrontar el problema de las desapariciones, el Gobierno impulsó en 2017 el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). Se anunció el 7 de marzo de 2017, junto con la presentación del primer informe estadístico sobre la situación de las personas desaparecidas en España.
Más tarde, la Instrucción 2/2018, de 5 de febrero reguló la creación del Centro Nacional de Desaparecidos como el órgano de gestión centralizada para la coordinación efectiva y permanente del sistema de personas desaparecidas empleado por las Fuerzas de Seguridad.
El CNDES se ha convertido también en el responsable de la coordinación entre la Secretaría de Estado y sus organismos dependientes, a la hora del intercambio de información y su difusión, así como de la coordinación de la formación de las Fuerzas de Seguridad en esta materia y del establecimiento de protocolos de actuación.
Según el último informe de Interior, cada año se denuncian en España entre 20.000 y 30.000 desapariciones de personas. La cifra es elevada, pero hay países de Europa donde el problema es aún mayor. En Reino Unido se contabilizan unas 250.000 denuncias al año.
Según Interior, la publicación de los informes estadísticos «pone de manifiesto la necesidad de establecer auditorías de calidad que permitan depurar y conocer la situación real que envuelve a las desapariciones de nuestro país».
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