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Manifestación contra los recortes del 6 de mayo. :: manuel molines
Manifestación contra los recortes del 6 de mayo. :: manuel molines

Ofensiva judicial de la enseñanza concertada contra la reducción de aulas

  • Centros afectados recurren las supresiones y la patronal Escuelas Católicas impugna el decreto que ha regulado el proceso de renovación

El recorte de aulas en los colegios concertados ha acabado en los tribunales, pues varios de los centros afectados han optado por la vía de lo contencioso al discrepar de la medida de la conselleria. La resolución, conocida el pasado 20 de mayo, vino a confirmar la mayoría de las supresiones previstas inicialmente en todas las etapas. Además, la patronal de centros religiosos Escuelas Católicas también ha impugnado la normativa autonómica que regula el procedimiento.

Ya son conocidos los casos de los colegios La Purísima Franciscanas de Valencia y Domus de Godella, que han perdido todas sus aulas de 1º de Bachillerato. Ambos, además del recurso contra la desestimación de su petición de concierto por silencio administrativo, solicitaron medidas cautelarísimas (sin dar audiencia a la Generalitat) que fueron rechazadas. El TSJCV también les negó las cautelares. Los centros pretendían paralizar la supresión para poder mantener el concierto de cara al proceso de admisión.

De las 31 clases a eliminar inicialmente en esta etapa se mantiene el recorte de 27. Una unidad, la del colegio San Antonio de Padua de Carcaixent, no llegó a recortarse oficialmente aunque se incluyó en los primeros balances del Consell debido a un error en el cálculo de las unidades necesarias en el municipio. De las 30 restantes, se aceptaron las alegaciones del Mater Dei de Castellón, del Dominicos de Valencia y la de Salesianos de Alicante, por lo que han conservado todas sus líneas.

Otros colegios como el Guadalaviar de Valencia también anunciaron la presentación de un recurso de reposición y de un contencioso administrativo -en este caso también se pierden las dos líneas de Bachillerato- mientras que por parte del Sagrado Corazón de Jesús-Esclavas también se preveía la vía judicial «ante el desacuerdo frente a la decisión». Fuentes patronales señalaron que hay constancia de varios casos más, correspondientes a diferentes etapas, en los que se utilizará la misma vía al detectarse «errores en los criterios» utilizados para valorar la petición de concierto.

En cuanto a las reacciones al arreglo final, desde Escuelas Católicas se reconoció que esperaban más del trámite de alegaciones y destacaron que los plazos han sido muy justos. De hecho, la patronal llegó a recurrir en la vía de lo contencioso el decreto de conciertos aprobado por el Consell este curso. Fuentes de la organización explicaron «que no se corresponde con nuestro modelo al no tener en cuenta la demanda, expresada a través de la libertad de las familias». El objetivo, en caso de un fallo favorable a sus intereses, es que los centros puedan recuperar aulas o conseguir alguna contraprestación por el perjuicio causado.

Hay que recordar que la principal novedad está en las etapas postobligatorias y la creación de unos criterios de preferencia para conseguir el concierto que han derivado en la reducción. En el resto de etapas manda la norma estatal (cumplimiento de unas ratios mínimas). El Ministerio de Educación también ha pedido aclaraciones a la conselleria en relación a las postobligatorias.

Por su parte, desde la patronal Feceval se señaló que aunque se han utilizado «planteamientos objetivos basados en la normativa», el arreglo ha sido «impersonal al no haber tenido en cuenta la demanda social». También pusieron el acento en las eliminaciones en Infantil y el alto riesgo de cierres de líneas en próximos años y en casos de FP donde se suprimen ciclos con demanda, empleabilidad y convenios con empresas, como ha sucedido con el centro Xabec de Valencia.

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