El Gobierno descarta usar dos desalinizadoras de Zapatero en la Comunitat Valenciana porque nadie quiere su agua

El Programa Agua construyó dos desalinizadoras en Castellón, la de Moncófar y la de Oropesa. Las dos están acabadas, listas para funcionar, pero sin demanda, tal y como sucede con otras plantas puestas en marcha como la de Torrevieja en Alicante.

El plan Agua fue diseñado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para paliar el déficit hídrico de la Comunitat después de que derogara el Plan Hidrológico Nacional, que incluía el trasvase del Ebro, al poco tiempo de ser nombrado.

El programa incluía la construcción de las desalinizadoras de Torrevieja, Mutxamel, Sagunto, Oropesa y Moncófar, además de toda una serie de infraestructuras hídricas.

El problema se plantea trece años después cuando ninguna de las desalinizadoras está funcionando a pleno rendimiento y, lo que es peor, algunas no parecen que vayan a poder servir agua en ningún caso por falta de clientes.

Este es el caso de las plantas de Moncófar y Oropesa, ambas en la provincia de Castellón. Las dos están terminadas y han supuesto una inversión cercana a los 104 millones de euros.

El Gobierno no tiene problema en reconocer que están paradas porque nadie les está pidiendo que sirva agua y no da ninguna fecha para su entrada en servicio.

Sin demanda

Se está cumpliendo al pie de la letra la advertencia que los regantes castellonenses hicieron en su momento a la entonces ministra de Medio Ambiente y promotora del Programa Agua, Cristina Narbona.

Según recuerdan, señalaron a Narbona que las desalinizadoras no hacían falta ni aún en el caso de que se cumplieran las previsiones de desarrollo que implicaban un crecimiento poblacional de 225.000 habitantes en pleno boom urbanístico. «Pero no se nos hizo caso y ahí están paradas», señalan.

En su momento, el Gobierno de Zapatero consideraba, pese a las advertencias que les hicieron los usuarios, que la construcción de estas desalinizadoras eran imprescindibles para cubrir el déficit hídrico.

Hay que tener en cuenta también que la situación política en aquel momento era otra. El Ejecutivo socialista intentaba aplacar a cualquier precio el malestar de regantes y una gran parte de la población por la derogación del trasvase del Ebro y puso en marcha un programa que una vez pasado el tiempo se ha demostrado bastante ineficaz, al menos en lo que se refiere a la Comunitat.

En el caso de que estas desalinizadoras de Oropesa y Moncófar no se pongan en marcha, España tendrá que devolver a la Unión Europea 35 millones en ayudas recibidas para la construcción de estas instalaciones.

Plazos

Ahora, a punto de cumplirse los tiempos límites, desde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se ha señalado que se están contestando a los requerimientos que establecen los programas operativos de los fondos europeos.

En concreto señalan que «las directrices de esos fondos europeos establecen que, una vez presentados los documentos de cierre en los que se trabaja (cuyo límite es marzo de 2017), se amplía el plazo hasta un máximo de dos años más después de la fecha límite de presentación de los documentos de cierre, es decir, marzo de 2019».

Es decir el Ministerio de Ambiente ha conseguido gracias a la presentación de una serie de documentos ganar dos años y retrasar la posible sanción 24 meses más. Pero dada la situación y la disposición de regantes y otros usuarios parece que ni en este periodo se va a conseguir resolver la situación y el Gobierno tendrá que devolver los 35 millones, como ya sucedió con la desalinizadora de Torrevieja, que tuvo que devolver 55 millones a la Unión Europea.

El Ministerio de Medio Ambiente firmó al inicio de las obras un convenio con diversos ayuntamientos, de la provincia. Pero ninguno de ellos quiere saber nada de este acuerdo.

El porqué de este rechazo se encuentra el elevado coste del agua desalinizada en una demarcación que cuenta con suficientes recursos hídricos

Según señalan los expertos el coste ha disminuido y desde el euro por metro cúbico de hace unos años se ha pasado a rondar los 0,6 o 0,7 céntimos. Pero aún a este precio, el coste sigue siendo astronómico aún para el consumo humano.

Además, el acuerdo suscrito inicialmente implicaba que el coste de las obras se repartiría entre los usuarios, es decir regantes y municipios implicados, que tendrían que pagarlos en el plazo de 25 años.

El hecho es que el Gobierno no encuentra clientes para las dos desalinizadoras y todo indica, tal y como han señalado algunos alcaldes de la zona, que continuará así con lo que la amenaza de devolver los fondos europeos sigue pendiente de un hilo.