Piden tres años de cárcel a una exempleada de Hacienda por espiar la renta de sus vecinos

valencia. La curiosidad desmedida puede salirle cara a una antigua trabajadora de la Agencia Tributaria en Valencia, que ha sido acusada por la Fiscalía Provincial de Valencia de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por, al parecer, consultar sin autorización la declaración de la renta de cuatro de sus vecinos de un inmueble ubicado en el distrito de Jesús de la capital del Turia. El Ministerio Fiscal pide una pena de tres años y ocho meses de cárcel para la presunta autora de los hechos.

Según figura en el escrito de acusación de los residentes afectados, representados por el abogado Mario Gil, la acusada accedió a datos personales de sus vecinos, concretamente a su información fiscal, «para fines privados y sin su consentimiento» , empleando los sistemas informáticos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para la que trabajaba. Además, realizó comentarios de forma pública en presencia de los querellantes sobre la información obtenida, «vanagloriándose de haberla conseguido sin su permiso, utilizándola con el objeto de amedrentarles y haciéndoles ver el control que tenía de la situación y el dominio sobre ellos».

Expediente disciplinario

Los afectados, al tener conocimiento de los hechos, presentaron un escrito de queja ante la Agencia Tributaria en relación a los hechos ocurridos entre finales de 2012 y principios de 2013, lo que motivó la puesta en marcha de una investigación por parte de este departamento del Ministerio de Hacienda; proceso que culminó con la apertura de un expediente disciplinario a la acusada por cometer dos faltas graves de «acceso a bases de datos de naturaleza tributaria para fines distintos de las funciones encomendadas». La AEAT la sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante tres días.

Paralelamente, el caso ha pasado por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, hasta la apertura de juicio oral. En el escrito presentado por el servicio jurídico regional de Valencia de la Agencia Tributaria se da cuenta de las averiguaciones del departamento y se solicita una pena de un año de prisión y una multa de doce meses. Por su parte, la Fiscalía Provincial entiende que la pena debe elevarse a tres años y ocho meses de cárcel, su inhabilitación absoluta durante diez años y una multa de unos 6.600 euros. Además, solicita una indemnización para cada uno de los cuatro vecinos afectados de mil euros.

En su escrito particular de acusación presentado por los demandantes ante el citado juzgado elevan la petición de pena hasta los cuatro años de cárcel, los doce de inhabilitación y la multa hasta los 8.600 euros. Además, piden una indemnización de 2.500 euros por cada afectado.

Por su parte, en sus conclusiones provisionales, la defensa niega los hechos expuestos tanto por la acusación particular como por la pública, apunta que no existe delito alguno, por lo que procede absolver a la acusada. Por último, el juzgado también ha establecido una fianza de responsabilidad civil de 10.000 euros a cargo de la presunta autora de los hechos.