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Mariló González, en un parque de Mislata. :: d. torres
La ley obliga a dar una pensión que  no recibe a la maltratada desahuciada

La ley obliga a dar una pensión que no recibe a la maltratada desahuciada

La protección cuando una víctima tiene orden de alejamiento incluye ayuda económica y el Ayuntamiento de Mislata se compromete a estudiar su caso

Arturo Checa

Jueves, 23 de junio 2016, 21:09

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«Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima». Si a este requisito se une el de «carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional» y que la víctima tenga «especiales dificultades para obtener un empleo» supone cumplir todas las condiciones que marca la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para recibir una ayuda económica «equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo».

Eso dice la ley. Pero lo cierto es que Marilo González, la mujer maltratada, desahuciada y que en el último mes ha recibido una pensión de poco más de 100 euros de la Renta Activa de Inserción (hoy suspendida al creer la administración que convive aún con su maltratador, cuando todo lo que ocurre es que el condenado sigue empadronado en la dirección de ella), no recibe ningún tipo de ayuda económica en virtud de esta normativa.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas confirmaron que el perfil de Mariló encajaría en los requisitos de la ley para recibir la pensión. No obstante, matizaron que la gestión y concesión de estas ayudas depende de los servicios sociales municipales. Es decir, o del Ayuntamiento de Mislata o del Ayuntamiento de Bétera. En la primera de las localidades es en la que reside Mariló, en una habitación que su madre les ha cedido a ella y a sus dos hijas tras ser desahuciadas de la vivienda de Bétera en la que residía alquilada con su maltratador. En este municipio está empadronada pero no reside.

El no empadronamiento en Mislata aparece como el principal obstáculo para recibir ayudas sociales de Mislata. La razón de no hacerlo reside en las no óptimas relaciones con su progenitora, que le pide 150 euros por vivir en su casa y que hasta en dos ocasiones la ha tirado a la calle por discusiones. Fuentes del Ayuntamiento de Mislata mostraron la total disposición del Consistorio a «estudiar el caso» de la mujer maltatada si esta se empadrona en el municipio y presenta la solicitud correspondiente. Incluso aunque tenga dificultades para empadronarse, los Servicios Sociales del Ayuntamiento estudiarían cómo ayudar a la valenciana, después de la publicación del artículo de LAS PROVINCIAS en que se resaltaba la situación de abandono administrativo en que se halla Mariló. Desde el Ayuntamiento de Bétera no realizaron ningún comentario al respecto.

Sin piso ni dinero

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas subrayaron que las ayudas autonómicas destinadas a auxiliar a este tipo de víctimas de los malos tratos se han visto incrementadas este año en medio millón de euros, pasando de 350.000 a 850.000 euros. Otra de las novedades impulsadas por el Gobierno autonómico, según las fuentes de la Generalitat, es la de impedir que la existencia de deudas sea un obstáculo a la hora de acceder a una vivienda por parte de una mujer maltratada.

Pese a todo ello, tras denunciar a su exmarido en febrero de 2015 por propinarle un cabezazo en la cara y tener hasta 2017 una orden de alejamiento que la protege de su víctima, Mariló sigue hoy sin tener un piso propio ni una pensión que asegure sus necesidades básicas. «Me han ofrecido irme a una casa de acogida, pero allí, ¿qué hago con mis hijas? Dos niñas de 10 años no pueden vivir en ese ambiente», argumenta la vecina de Mislata. Su intención es acudir hoy de nuevo al Consistorio de Mislata para pedir una solución.

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