El TSJ también tumba el decreto del Consell que obliga a los médicos a jubilarse a los 65 años

Nuevo varapalo judicial para la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha anulado parte del decreto 136/2014 de la Conselleria de Sanidad de 8 de agosto de 2014 por el que se establece la jubilación obligatoria del personal sanitario a los 65 años.

El TSJ ha admitido parte del recurso del CSI·F y anula los artículos 3; 4.2 b y artículos 6.2., letras a, b y c y 6.3. apartados a y b. Con la decisión del tribunal, el personal sanitario (desde médicos hasta celadores) podrá continuar en su puesto hasta los 70 años si así lo decide.

El artículo 3 anula que «la jubilación forzosa del personal estatutario se declarará en la fecha en la que se cumpla la edad que, con carácter general, establece el artículo 161.1». Desde el sindicato señalan que la importancia de la sentencia radica también en la anulación del apartado segundo del artículo 6, que establece los criterios para denegar la prolongación del servicio activo.

Según señala Amparo Pinazo, abogada del sindicato, con esta declaración de nulidad se invalidan todas las jubilaciones forzosas realizadas en base al decreto. Pinazo añade que el TSJ considera que un decreto no es la forma legal adecuada para modificar un derecho sustantivo como es el de la edad de jubilación.

En un primer momento y hasta que la sentencia sea firme (cabe recurso de casación ante el Supremo) tan sólo podrán solicitar la readmisión aquellos que interpusieron un recurso. El trabajador tendrá derecho al pago de los salarios de tramitación (la diferencia entre lo que percibían en la nómina y lo que han estado cobrando como pensión).

No es la primera vez que la Conselleria de Sanidad sufre un varapalo jurídico en su intento de adelantar las prejubilaciones forzosas. Ya en julio de 2014 el TSJ anuló la orden por la que la Generalitat imponía el retiro de los sanitarios a los 65 años.

El Consell, entonces presidido por Alberto Fabra, tenía la intención de reducir el gasto sanitario en plena política de recortes tanto a nivel estatal como autonómico.

Tras la decisión del TSJ de anular la orden, el Consell redactó un decreto en agosto de ese mismo año por el que establecía el procedimiento para las jubilaciones forzosas y que más tarde incluyó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2015.

A partir de ese momento comenzaron a producirse las jubilaciones. Con la llegada del nuevo Consell parecía que se iba a introducir un cambio en la política. De hecho, responsables autonómicos de Sanidad señalaron que se iba a poner fin a este proceso.

Pero la realidad ha sido diferente. El ejecutivo valenciano aprovechó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2016 para derogar el decreto. Pero a través de una de las disposiciones transitorias se aseguró de que éste siguiera en vigor hasta que la promulgación de una nueva normativa, que aún está en fase de redacción según destacan fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Según puntualiza Picazo, la decisión del TSJ impide que se puedan continuar con las jubilaciones al amparo del decreto, ya que aunque haya sido prorrogado en la Ley de Acompañamiento está anulado desde su promulgación en agosto de 2014.

Las jubilaciones forzosas siguen así produciéndose al igual que con el anterior gobierno, según señalan distintos sindicatos. Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico (Cesm), explicó que el PSOE les había prometido que iban a frenar el ritmo, pero no ha sido así.

La sentencia supone un grave problema para la Conselleria de Sanidad, ya que tendrán que hacer frente a un importante gasto económico y modificar el proceso organizativo si todos los jubilados deciden volver a su puesto.

Fuentes de Sanidad explicaron ayer que aún no disponen de la sentencia por lo posponen una valoración y aseguran que siguen trabajando para elaborar una nueva normativa.