Casos de maltrato animal se computan como violencia de género por el caos informático

Una funcionaria trabaja en el juzgado de Valencia./
Una funcionaria trabaja en el juzgado de Valencia.

La «inoperancia» de la base de datos de la Fiscalía hace también que se incluyan robos o lesiones como delitos ambientales

ARTURO CHECAValencia

«Lo peor es lo de las estadísticas y listados. Sólo con que nos mienten a cualquier fiscal el estadillo, se nos ponen los pelos verdes». Hace ya algunos meses que un artículo publicado en la página web de la Unión Progresista de Fiscales, y firmado por la fiscal valenciana e integrante de la asociación profesional Susana Gisbert, dejaba bien claro que continuaba el suplicio que los fiscales padecen desde hace años con la aplicación Fortuny. La plataforma informática, facilitada por el Ministerio de Justicia, y que debería servir para controlar estadísticamente la labor diaria que se realiza en el organismo, sirve más bien para todo lo contrario. «Es absolutamente inoperante», tal y como viene recogido en la Memoria de Medio Ambiente la Fiscalía Provincial de Valencia de este año.

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OTRAS CARENCIAS

Plan de choque. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció en julio un plan de choque para mejorar la administración.
Sin plazo ni presupuesto. Bravo hizo el anuncio sin concretar cuándo iba a llevarse a cabo o el dinero destinado al mismo.
Exfiscal. Como fiscal que ha trabajado en Valencia, la consellera es conocedora de los quebraderos informáticos del ministerio público.

El último ejemplo de ello es especialmente sangrante. El caos informático que supone el sistema estadístico hace que incluso se cataloguen mal los tipos de delitos y se incluyan como lo que no son, con un «elevadísimo número de errores», como constata el ministerio público. La gravedad de los fallos radica además en que las inexactitudes de la base de datos se produce con materias de una especial sensibilidad. Así, «aparecen registrados delitos de malos tratos a animales y contra la ordenación del territorio -urbanísticos- en juzgados de Violencia sobre la Mujer», es decir, que se computan como casos de violencia de género infracciones que realmente no lo son.

No es el único desabarajuste estadístico que denuncian desde la Fiscalía de Valencia. La inoperancia de la base de datos hace que también se incluyan robos, hurtos o lesiones bajo el epígrafe de Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, una nueva perturbación en el seguimiento estadístico de las infracciones penales que pasan por el ministerio público.

El quebradero de cabeza que sufren los fiscales de la Comunitat y los garrafales errores causados en la estadística del ministerio público no son los únicos entuertos causados por la denostada Fortuny. «Los juzgados y la fiscalía no se hablan». La frase, muy recordada aún hoy en el sector y en los pasillos de la Ciudad de la Justicia, fue pronunciada hace ya casi un año por del decano de los jueces, Pedro Viguer. La situación no ha cambiado: la aplicación Fortuny es absolutamente incompatible con Cicerone, la base de datos que utilizan los juzgados de la Comunitat.

Incomunicación

«Al no estar interconectados los programas de la Fiscalía y de los juzgados es imposible saber al día cuántos procedimientos se están tramitando», lamenta la memoria de Medio Ambiente. Así, si un juzgado inicia una investigación sobre un asunto, la Fiscalía no tiene conocimiento del mismo hasta que este pasa a manos del ministerio público en la fase de calificar o informar sobre los hechos. Y así se dan situaciones como que, después de un año de indagaciones por parte de un juzgado, llegue a manos de fiscalía y esta solicite su archivo al considerar que no hay ningún tipo de delito. Trabajo perdido y absoluta descoordinación de los órganos de la justicia.

La memoria habla de al menos «varios meses» hasta que tienen conocimiento de hechos indagados por los juzgados. De esta manera, la Fiscalía tampoco tiene del volumen de diligencias incoadas por los tribunales a la hora de realizar informes anuales.

Las complicaciones existen también entre autonomías, pues prácticamente cada una de ellas tiene un programa informático distinto. La descoordinación existente entre juzgados y fiscalía en la Comunitat se eleva a la enésima potencia si se trata de cruzar estadísticas de regiones distintas.

«Las diferentes comunidades cuentan con diferentes programas informáticos, distintos a su vez de aquéllas que no tienen competencias transferidas. Ello genera un mapa informático tan variopinto como sea imaginable», lamenta la fiscal Susana Gisbert.