El preso sombra estaba en un cuarto junto al del concejal y lo vigilaba por una ventana

La muerte del concejal Marcos Cabo Galera es la única que se ha registrado en Valencia de un preso sobre el que estaba activado el plan de prevención de suicidios en los últimos diez años. El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, confirmó ayer este dato y destacó que con el mismo protocolo de protección se evitaron seis fallecimientos en el mismo periodo de tiempo en el centro penitenciario de Picassent.

El máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la región defendió que se habían adoptado «las medidas oportunas previstas», y pese a ello el presunto homicida se ahorcó en su habitación de la enfermería de la cárcel de Picassent. Marcos Cabo Galera, de 45 años y concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Serra, estaba en prisión preventiva como sospechoso de la muerte de su mujer. Desde que ingresó en la cárcel, el político contaba con la protección prevista en el plan de prevención de suicidios (PPS) de Instituciones Penitenciarias. Este protocolo incluye una vigilancia de los funcionarios y el acompañamiento de otro interno «cuando está en la enfermería e incluso cuando está durmiendo», precisó Moragues.

El preso sombra o de apoyo que tenía asignado Marcos Cabo se encontraba en una habitación contigua a la del recluso fallecido y disponía de una ventana de grandes dimensiones. Desde su habitáculo tenía que vigilar al edil de Serra para avisar al funcionario con un timbre de cualquier incidencia grave. Como ya informó ayer LAS PROVINCIAS, el concejal todavía estaba vivo cuando los funcionarios realizaron una ronda a las siete de la mañana del domingo. Sin embargo, el recluso pudo aprovechar un duermevela del preso sombra para anudarse una sábana al cuello y ahorcarse, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil.

El cadáver fue descubierto sobre las ocho de la mañana durante el cambio de turno del personal que trabaja en la prisión. El cuerpo colgaba de una ventana de la habitación con un extremo de la sábana anudada al cuello y el otro atado a la bisagra. La instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que regula el programa de prevención de suicidios se revisó el año pasado tras la evaluación de «diferentes episodios acaecidos en los últimos años», explica el documento en referencia a suicidios y fallecimientos en las prisiones españolas. Sin embargo, en la cárcel de Picassent no había muerto ningún preso incluido en el programa de protección en los últimos 10 años.

Cuando le preguntaron qué pudo fallar en el plan de prevención de suicidios, el delegado del Gobierno manifestó que estos protocolos «reducen la posibilidad de autolesión o de suicidios», pero recalcó que no son infalibles. En estos programas, según Moragues, «se activan todos los recursos disponibles», y añadió que ahora hay que mejorar para que no se vuelva a producir «el hecho desgraciado del suicidio» y para que sea «un caso aislado».

Asimismo, ante las preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno comentó que se enteró por los medios de comunicación de la denuncia que presentó el hijo del concejal de Serra contra la cárcel de Picassent. Como ya informó ayer este periódico en exclusiva, la familia de Marcos Cabo ha emprendido acciones judiciales contra la prisión valenciana por no haber evitado la muerte de un preso incluido en un programa de prevención de suicidios.

Según informaron fuentes jurídicas, el relato de los hechos que han causado un daño moral a los hijos del concejal de Esquerra Unida es muy escueto en la denuncia. Así, el principal motivo del perjuicio se centra en la presunta falta de protección del preso durante sus últimas horas de vida en la enfermería de la cárcel. El juzgado de guardia de Picassent ya abrió una investigación el domingo para esclarecer las causas y las circunstancias de la muerte del recluso. Instituciones Penitenciarias también inició un expediente informativo para aclarar cómo se ahorcó el preso.

Tras el macabro hallazgo, los funcionarios trasladaron al interno al consultorio de odontología para intentar reanimarlo. El médico y un enfermero acudieron de inmediato. Era demasiado tarde. El recluso ya había fallecido. Poco después llegaron el mando de incidencias de la prisión y un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que se hizo cargo de las investigaciones.

La juez de guardia de Picassent fue informada del ahorcamiento a primera hora de la mañana. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la correspondiente autopsia. La noticia del suicidio se difundió a través de mensajes de WhatsApp y causó un gran revuelo en Serra, localidad donde residía el recluso.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario en las prisiones españolas, eludió ayer pronunciarse sobre la muerte de Marcos Cabo y el protocolo de prevención de suicidios «hasta que se resuelva la investigación sobre la muerte del reo».

Un pueblo consternado

El alcalde de Serra, Javier Arnal, pidió ayer «respeto a las investigaciones y al dolor de las familias» de los fallecidos, según informó la agencia Efe, y lamentó también la presión mediática que está viviendo una población consternada «por unos hechos que horrorizan y aún no se explican», afirmó Arnal.

Marcos Cabo fue detenido el pasado miércoles como presunto autor de la muerte de su mujer en un incendio que habría causado de forma intencionada en su casa. Dos perros adiestrados para la búsqueda de acelerantes del fuego detectaron restos de combustible en varios puntos de la vivienda. El sospechoso se declaró inocente a pesar de que las pruebas le incriminaban.

Dolores Moya, de 41 años, murió el 29 de julio en el incendio intencionado de su casa en Serra. Los agentes del Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil de Valencia tomaron declaración a los hijos mayores y a varias amigas de la víctima para averiguar si la mujer había sido maltratada o amenazada por su marido. Marcos y Dolores habían tenido problemas de pareja tiempo atrás e incluso se plantearon el divorcio, pero «ya se habían reconciliado», según un familiar. La hipótesis de que la mujer se hubiese suicidado tras una depresión fue barajada también por los investigadores, aunque finalmente la descartaron.