Los padres podrán consultar todos los exámenes y reválidas de sus hijos

Un alumno de 6º de Primaria durante una prueba de diagnóstico realizada en Madrid. /
Un alumno de 6º de Primaria durante una prueba de diagnóstico realizada en Madrid.

Los colegios valencianos ya permiten acceder a las pruebas ordinarias, aunque sólo en casos que estén relacionados con la revisión de la nota

JOAQUÍN BATISTAValencia

La aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) llegará el próximo curso a la ESO y Bachillerato e incluirá novedades sobre la implicación de las familias en el seguimiento académico de sus hijos. El real decreto que clarifica cómo trasladar lo dispuesto en la reforma educativa a la etapa de Secundaria, publicado a principios de año, cuenta con un apartado específico sobre «participación de los padres en el proceso educativo» que blinda el derecho a consultar los exámenes y las nuevas reválidas externas a las que se someterán sus hijos. También permite acceder a otros documentos oficiales de evaluación, lo que abre un abanico de posibilidades.

No es la única medida que la polémica Lomce introduce en cuanto a la información disponible para las familias. Por ejemplo, en la ESO las notas finales estarán acompañadas de un consejo orientador, donde el equipo docente sugerirá itinerarios para el alumno adaptados a sus capacidades, además de informar del grado de asimilación de las competencias básicas, desde la matemática o la lingüística hasta las relacionadas con el dominio de nuevas tecnologías o sus capacidades sociales. Es decir, una manera distinta de expresar la formación académica.

En cuanto al derecho a la consulta del examen, llama la atención que se vincule con una implicación activa de los padres. En el mismo apartado se dice que estos deberán «apoyar y participar» en la evolución del proceso educativo de sus hijos, «conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción» y «colaborar en las medidas de refuerzo que adopten los centros». En otras palabras, no se asocia a las siempre polémicas revisiones de exámenes, sino a la importancia de que la familia se implique en el aprendizaje de los alumnos, variable que influye positivamente en el rendimiento según los principales estudios internacionales. Por citar un caso práctico, puede servir para comentar con el docente un examen suspendido de cara a la recuperación, con la idea de ayudar en la preparación.

Lógicamente también se da cobertura a la posibilidad de reclamar los exámenes si los padres discrepan con la evaluación obtenida, aunque es cierto que en la Comunitat este derecho está regulado desde 2011 a través de la orden sobre decisiones de promoción y evaluación, que plantea que si las explicaciones previas dadas por el profesor no satisfacen a los interesados se podrá pedir la consulta de la prueba.

Más allá de los exámenes ordinarios o extraordinarios, tiene especial valor la opción de acceder a las evaluaciones externas, en las que el alumno se juega mucho en el caso de las de 4º de ESO y 2º de Bachillerato teniendo en cuenta que supondrán, respectivamente, un 30% y un 40% de la nota final que se tomará como referencia para decidir si promociona. Además, al depender de las administraciones no quedaba del todo claro el grado de acceso a las mismas, pues su organización no corresponderá a los centros.

La consulta de los exámenes no sólo afecta a Secundaria, pues esta disposición también aparece en la normativa que regula la adaptación de la Lomce a Primaria, que se ha producido este curso.

Hasta las actas

Ambos reales decretos incluyen otro apartado en el que se especifica qué se entiende por documentos oficiales de evaluación. Se consideran las reválidas ya citadas (incluyendo la prueba externa de 6º de Primaria, que no es determinante), el expediente y el historial académico y las actas de evaluación. En este último caso se trata de material sensible, pues recogen las calificaciones de todos los alumnos de un grupo, por lo que será necesario establecer alguna cautela para garantizar, como exigen ambos decretos, la protección de los datos personales.