El Consell recurrirá la sentencia que anula el copago y lo blindará con una ley

El culebrón del copago al que deben hacer frente parte de los usuarios de los servicios sociales sigue acumulando capítulos. La Generalitat anunciaba ayer que no sólo va a recurrir la sentencia que anula provisionalmente el proceso, sino que además va a convertir este pago compartido en una tasa o tributo, blindándolo con una ley autonómica que se aprobará en Les Corts. La decisión supone un nuevo jarro de agua fría para los 3.350 discapacitados y mayores que han tenido que pagar este año parte del coste de los servicios asistenciales que venían atendiéndoles, como los centros ocupacionales o la teleasistencia. Concretamente, según avanzaba ayer la portavoz del Consell, María José Català, el Gobierno autonómico ha dado el visto bueno a interponer un recurso de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat de anular el decreto aprobado por el Consell en agosto de 2013; norma que venía a regular los precios públicos que, a partir del 1 de enero de este año, tendrían que abonar parte de los usuarios de los servicios sociales de la Comunitat (los comprendidos en un determinado nivel de renta). Entre otras cuestiones, el TSJ valoró que un decreto no era una norma con la suficiente entidad como para regular «servicios asistenciales básicos e imprescindibles».

Además del recurso, que podría frenar la posibilidad de que los centros tengan que devolver el dinero ya cobrado a los usuarios, Català indicó también que el Parlamento valenciano aprobará una ley que dará al copago la consideración de tasa o tributo para, de esta forma, ajustarse a la resolución judicial y evitar futuros recursos que volvieran a paralizar el proceso.

Durante el primer año de la iniciativa, la Generalitat pretendía que distintos servicios sociales como los centros de día o las residencias ingresaran 4,4 millones de euros abonados directamente por los usuarios. De este montante, 2,9 millones procederían del bolsillo de 2.400 mayores y los 1,5 millones restantes de los ingresos de 950 discapacitados. Sin embargo, sólo los centros públicos y algunos privados comenzaron a cobrar a los usuarios desde principios de año. Otros centros optaron por esperar a que los tribunales se manifestaran sobre la validez del decreto.

Además, desde la Conselleria de Bienestar Social insistieron ayer en que los importes cobrados por los centros a los usuarios nunca han entrado en las arcas del Gobierno autonómico porque este sistema se aprobó, como apuntó la portavoz, con el fin de que estos servicios dispusieran de financiación.

Por último, Català eximió de cualquier responsabilidad a los técnicos de Bienestar Social que prepararon el decreto porque «han hecho lo mismo» que en otras autonomías, «seguir la normativa básica».