El Gobierno abre la puerta a desmantelar la planta de gas y evitar un coste de 100 millones anuales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) abrió ayer la puerta al desmantelamiento de la plataforma de gas en Vinaròs, lo que evitaría el coste de 100 millones de euros al año para su mantenimiento en hibernación. Según recoge el BOE, en el primer artículo del real decreto-ley 13/2014 se expone: «Se hibernan las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor. Durante esta hibernación no se realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en las estructuras geológicas del subsuelo que conforman el almacenamiento subterráneo». Del mismo modo, apunta que Enagás «velará por que no se realicen entregas de gas al almacenamiento». Acto seguido, el real decreto-ley dice que el Gobierno encarga a Enagás que durante la hibernación de la plataforma de almacenamiento de gas realice los trabajos necesarios para «la correcta operatividad de la instalación y en su caso, de los trabajos necesarios para su desmantelamiento».

En el contrato de concesión firmado en 2008 con la empresa propiedad de ACS -posee el 66,6%, mientras que el resto pertenece a la canadiense CLP- ya se daba una cifra exacta de lo que costaría desmantelar por completo la planta. En concreto 143,1 millones de euros aunque por orden ministerial se podría revisar el importe. Se trata de una cantidad superior a la que está prevista gastar cada año en mantener Castor abierto mientras llegan los informes internacionales solicitados por Industria.

Informes pendientes

Los expertos españoles del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico y Minero (IGME) vieron una relación causa-efecto entre los movimientos sísmicos que llevaron al Gobierno a detener la planta de gas y la inyección de material que la empresa concesionaria estaba llevando a cabo. Especialistas en la materia preguntados por LAS PROVINCIAS están convencidos de que los resultados del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Stanford no diferirán en exceso de lo que indicaron los estudios españoles.

Muchas son las dudas que restan por resolver en torno al almacén de gas. De hecho, aún falta por conocer qué decisión va a tomar la Fiscalía de Castellón tras más de un año de investigación. Estudia si hubo algún tipo de negligencia por parte de la empresa y también por aquellos que firmaron los diferentes contratos. El secretario general del Partido Popular de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, instó ayer a la Fiscalía de Castellón a que concluya el proceso iniciado para determinar si el Gobierno cometió un delito contra el medio ambiente al autorizar el proyecto Castor sin todos los informes pertinentes.

Otros expertos consultados por este periódico quisieron tranquilizar a los vecinos de la zona afectada mientras el se mantenga inhabilitado el almacén. Enagás, quien se hará cargo de su vigilancia, simplemente se dedicarán a revisar de que todo funciona como es debido. Mientras tanto, «el gas puede permanecer en el lugar donde se encuentra en estos instante durante muchos años», explica el experto Mariano Marzo. «Hace tiempo que no se registra ningún temblor de tierra y a priori no lo van a tocar. La tensión ya se liberó del almacén hace tiempo y se encuentra equilibrada, de modo que mientras no se toque el equilibro de fuerzas permanecerá. Eso sí, los seísmos naturales que se dan en la zona continuarán su camino», añade el catedrático en Estratigrafía de la Universidad de Barcelona.

A pesar de ser varios los que son de esta opinión, Jonathan Gómez Cantero, geógrafo y colaborador de NAciones Unidas, apuntó que no se puede conceder la más mínima posibilidad de riesgo. «La probabilidad de que ahora mismo se escape gas es ínfima, pero yo siempre digo que en estos temas siempre hay que reducirla al cero, ya que al 0,1 ya lo considero de una peligrosidad altísima».

Por otra parte, Enagás formalizó ayer el acuerdo con varias entidades financieras por el que les cede los derechos de cobro de la indemnización del almacén de gas Castor de Escal UGS que asciende a 1.350,7 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con este acuerdo, Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, ha cedido los derechos de cobro a un sindicato formado por Santander, Bankia y La Caixa, según informaron a Efe fuentes del mercado.

Esta cesión de derechos está condicionada por el decreto publicado ayer ya que el Gobierno se ha reservado la posibilidad de exigir responsabilidades a los promotores del proyecto Castor. «La efectividad de la renuncia no implica, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que la actual sociedad titular y sus accionistas deban, en su caso, afrontar por su gestión del pro yecto», asegura el texto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y que regirá las condiciones a partir de ahora.