Fiscalía, policía y víctimas estudiarán cada mes los casos de niños robados

La asociación acude hoy a la Conselleria de Sanidad para tratar de agilizar la aportación de historias clínicas y agilizar investigaciones

A. CHECA /A. RALLO

valencia. El clima de cordialidad creado entre fiscalía, Policía Judicial y afectados por los casos de niños robados tras la reunión celebrada por todas las partes el martes en Valencia se mantendrá en el tiempo. Después de que el hacha de guerra llegara casi a desenterrarse con la amenaza de Enrique Vila, abogado y presidente de SOS Bebés Robados, de denunciar a la fiscal jefe, Teresa Gisbert, por prevaricación ante el archivo masivo de casos, el aire de colaboración seguirá en los próximos meses. Fiscalía, Policía Judicial y víctimas mantendrán reuniones mensuales con tal de «poner en común» las novedades en torno a los casos y analizar el futuro de los mismos, como explicó Victoria Utiel, presidenta en Valencia de SOS Bebés Robados.

No es la única novedad para intentar que en los casos de niños robados aún 'vivos' (de las 143 denuncias presentadas ante la fiscalía, sólo cuatro permanecen abiertas) se dilucide todo lo sucedido. Los afectados por los casos de niños robados, englobados en asociaciones, se reunirán también periódicamente para determinar qué pruebas aportar a la fiscalía y cómo hacerlas llegar, ante la puerta abierta dejada ayer por el ministerio público: reabrir alguno de los 139 casos cerrados si llega algún hecho, documento o indicio palpable de que haya un hecho delictivo detrás de la supuesta desaparición de un niño.

Razones de los archivos

Hoy se producirá otro encuentro para intentar no perder el pulso de estos casos. Las víctimas se reunirán hoy con responsables de la Conselleria de Sanidad, con otro objetivo: tratar de agilizar la aportación de historias médicas, o más bien la recuperación o hallazgo de las mismas. De hecho, la falta de documentos sanitarios, o testimonios de facultativos presentes en los partos, es una de las principales razones para archivar muchas de las denuncias.

La fiscalía defiende que en la indagación de los hechos se ha hecho «todo lo posible», sostuvo la fiscal coordinadora de Menores Gema García. La responsable explicó que cada una de las familias afectadas ha recibido tras el archivo «un decreto en el que se explica todas las gestiones e investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía, así como las razones del archivo».

La fiscal puntualizó que, incluso, uno de los afectados hizo llegar a la fiscalía un error en una fecha incluido en el archivo de uno de los casos y pidió la reapertura del expediente. «Se reabrió, se comprobó que todo era correcto y se volvió a cerrar», explicó García.