La policía investiga la venta ilegal de comida por una ONG a personas desfavorecidas

La policía sospecha que el principal responsable podría estar escondido en la provincia de Alicante. / LP
La policía sospecha que el principal responsable podría estar escondido en la provincia de Alicante. / LP

La actuación de los agentes se salda con dos personas detenidas y otras dos investigadas por «irregularidades en el reparto directo»

EPALICANTE.

Agentes de la Policía Nacional investigan la venta ilegal de lotes de comida por parte de una ONG de Alicante a personas desfavorecidas, en una operación que se inició a través de la denuncia formulada por la Subdelegación del Gobierno de la provincia, en concreto por dependencias del Ministerio de Agricultura y Pesca, en relación al programa de ayuda alimentaria a este colectivo.

La actuación policial se saldó con dos personas detenidas y otras dos investigadas. El principal responsable de la trama, ya en prisión, se ocultaba en la localidad alicantina de Torrevieja al constarle en vigor una reclamación judicial por violencia de género. Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. En algunos casos, se les «remuneraba» con comida del Banco de Alimentos.

Según informó la Policía en un comunicado, la Unidad de Control del Fondo Español de Garantía Agraria, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, detectó «ciertas irregularidades en el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas», ya que presuntamente llevaban a cabo venta de lotes de comida a personas necesitadas cuando su distribución debería ser totalmente gratuita.

Del mismo modo, los agentes determinaron el envío de comida del banco de alimentos a Marruecos o la utilización de estos lotes de comida para abonar servicios contratados por la organización. La Unidad de Control del FEGA, que tiene entre sus funciones la de autorizar a las organizaciones para proceder con el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas, detectó «ciertas irregularidades» por parte de una plataforma empresarial solidaria, cuya organización disponía de hasta cinco sedes en la provincia de Alicante.

Este organismo puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, cuyo Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante inició las gestiones para comprobar los hechos y determinar si esta organización cumplía con los objetivos establecidos: si ponía los alimentos a disposición de las personas más desfavorecidas de forma gratuita, ya fuera mediante la elaboración de comidas preparadas para ser consumidas en las instalaciones de la organización o mediante la entrega directa de lotes de comida.

Los agentes comprobaron que las cinco sedes de la organización efectuaron el reparto de alimentos dentro del Programa de Ayuda 2018, recibiendo todas ellas comida. Fruto de las inspecciones llevadas a cabo, se pudo determinar que, en algunas de las sedes, el número de beneficiarios se había «duplicado», por lo que faltaba «multitud de existencias en los almacenes». En otra, había «diversas incoherencias» en las notas de entrega de los lotes de comida ya repartidos, puesto que constaban que su reparto era superior al número de productos previamente recibidos.

Igualmente, se detectaron anomalías en los locales que no reunían las condiciones higiénicas necesarias para desarrollar esta actividad. Los investigadores verificaron cada una de las anomalías denunciadas y determinaron que, efectivamente, se desconocía, en algunos de los casos, el paradero de hasta cerca de una tonelada de comida. Los agentes, además, apreciaron que muchos de los beneficiarios figuraban en los listados de forma duplicada, por lo que presumían que podían haber sido «falseados» para que ciertas personas obtuvieran más alimentos que los que les correspondía.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que, incumpliendo la normativa, la organización presuntamente vendía de forma ilegal lotes de comida a algunas de las personas que figuraban como beneficiarias o bien utilizaban presuntamente esos alimentos para pagar ciertos servicios que la organización contrataba.

En algunos de los casos, ciertos lotes de comida eran presuntamente vendidos para su posterior traslado a Marruecos. Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España.