Piden la dimisión del alcalde de Benidorm tras ser investigado

El regidor popular de Benidorm Toni Pérez el día de su investidura. / lp
El regidor popular de Benidorm Toni Pérez el día de su investidura. / lp

La sección sindical del Ayuntamiento exige a Toni Pérez que deje el cargo tras conocer que tendrá que declarar por presunto acoso laboral

EFE ALICANTE.

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Benidorm exige la dimisión del alcalde de la ciudad, Toni Pérez (PP), tras conocer que está siendo investigado por un presunto delito de acoso laboral sobre un funcionario municipal. Pérez ha sido citado a declarar el próximo 30 de mayo en calidad de investigado -término que sustituye al de imputado tras una reforma legal- ante el juzgado por este asunto.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha abierto diligencias previas en relación con este caso, en el que también están siendo investigados la edil de Bienestar Social, Ángela Llorca, cuatro técnicos y dos empleados municipales.

En un comunicado, UGT criticó ayer que, desde el inicio de la legislatura, «el alcalde y varios de sus concejales están llevando a cabo una persecución activa y pasiva a determinados empleados públicos».

Igualmente, esta central sindical considera que Pérez «pretende utilizar» la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) municipal «para congelar el sueldo de los funcionarios que le molestan».

El sindicato cree que dicha VPT «es ilegal» y que no se ajusta «a los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical», así como tampoco a los principios que se establecen en el Real Decreto que determina «el régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local». Los servicios jurídicos de UGT también estudian la posibilidad de presentar una denuncia por «persecución sindical».

Fue el propio alcalde el que informó la pasada semana de la notificación judicial que les había llegado. El regidor popular manifestó ante los medios de comunicación que desconoce los argumentos y el motivo de la denuncia, al asegurar que no tiene «ningún dato más» de los que figuran en la notificación.

La investigación deriva de la denuncia interpuesta por un criminólogo municipal, el cual denunció hace años supuestas malas prácticas de funcionarios en el servicio de penados con trabajos en beneficio de la comunidad.

Por aquella denuncia, el criminólogo fue suspendido tres años de empleo y sueldo, de los que cumplió seis meses después de que la justicia rebajase la sanción y la dejase en quince días por una falta grave.