Ecologistes en Acció insiste contra los depósitos de combustible del puerto

La plataforma solicita el amparo del Defensor del Pueblo al entender que su posible instalación supondría una vulneración de derechos

EPALICANTE.

La plataforma Ecologistes en Acció ha solicitado el amparo del Defensor del Pueblo ante el proyecto para la instalación de una planta de grandes depósitos de combustible en el puerto de Alicante por vulneración de la legislación vigente en materia de Transparencia, Participación, Buen Gobierno y Procedimiento Administrativo Común de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), lo que a su modo de ver está generando «indefensión e incumpliendo derechos fundamentales constitucionales de cargos electos municipales y ciudadanía».

En el escrito dirigido a Francisco Fernández Farrugán, Ecologistes relata que la concesionaria de la zona portuaria solicitó una modificación sustancial de la concesión para ceder el suelo a la empresa que instalará los depósitos, y que esa solicitud se llevó al consejo de administración del puerto el pasado 25 de julio. Una reunión que coincidió con el pleno del Ayuntamiento de Alicante de modo que los tres concejales con sillón en el consejo -Luis Barcala, Natxo Bellido y Adrián Santos- no pudieron asistir y votar.

De ese modo, según los ecologistas, la modificación solicitada salió adelante después de rechazarse las 1.303 alegaciones presentadas. Además, se ofreció una «contestación genérica, no personalizada» a cada una de las alegaciones.

Dicen que la Autoridad Portuaria jugó sucio al tomar la decisión en ausencia de los ediles

Ante todo ello, entiende Ecologistes en Acció que ha habido «incumplimiento de normas constitucionales que amparan derechos fundamentales recogidos en el Título Primero de la Constitución, de la normativa de Acceso a la Información, Participación ciudadana y Buen Gobierno y de la normativa que regula los procedimientos administrativos, generando indefensión y vulnerando derechos recogidos ampliamente en nuestra legislación, por parte de la Autoridad Portuaria de Alicante».

En ese sentido, indican que no se hecho pública la resolución íntegra adoptada por el consejo de administración del APA del 25 de julio de 2019. «La no publicación íntegra de la Resolución del consejo de administración del 25 de julio vulnera los principios básicos del procedimiento en el ejercicio de la tutela administrativa y la tutela judicial efectiva -artículo 24 Constitución-», continúan los ecologistas que exponen que «se dificulta enormemente la capacidad de los alegantes y/o interesados de plantear posibles recursos, generando una más que evidente indefensión».

Según mantiene, «no sería descabellado opinar ante las evidencias y las malas prácticas administrativas hablar de mala fe procedimental por parte de la APA no sólo ante la falta de transparencia e incumplimiento de la normativa sino que hay un el claro objetivo de entorpecer el cumplimiento de la legalidad y que sus resoluciones sean definitivas y así evitar posible recursos».

Por su parte, Antonio Gisbert, presidente de la APA, explicó recientemente que no es competencia suya autorizar o no la instalación de esos depósitos, e insistió en que ellos sólo cumplen con sus obligaciones.