Condenan a la exedil de Turismo de Orihuela por fraccionar contratos

Josefa Ferrando, que dejó el PP para unirse a Foro Demócrata, defraudó al Consistorio junto a cinco empresarios en los actos de Fitur

EFE ALICANTE.

Un juzgado de Orihuela ha condenado a la exedil de Turismo Josefa Ferrando y a cinco empresarios por un fraude en la contratación del montaje del expositor municipal para cuatro ediciones de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y una de la de Turismo de la Comunitat (FTCV). La sentencia ha sido dictada por conformidad de las partes por el Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela y facilitada ayer por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Ferrando ejerció en el Ayuntamiento oriolano las funciones de concejala de Turismo en el periodo comprendido entre junio de 2007 y mayo de 2011, cuando ocurrieron los hechos, y militaba en esa época en el PP, formación política de la que llegó a ser presidenta local en Orihuela. En la actualidad continúa siendo edil en esa población pero bajo las siglas de un partido independiente, Foro Demócrata, con el que concurrió en las elecciones municipales de 2015.

La resolución judicial impone a los acusados penas de entre seis meses y dos años de prisión, así como la inhabilitación especial para el desempeño del cargo público de alcalde, teniente de alcalde y concejal por delitos de prevaricación y fraude, con la concurrencia de atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

El fallo declara probado que los ahora condenados, «con pleno conocimiento de lo arbitrario y flagrante ilícito de su proceder», actuaron de forma concertada «para defraudar el erario público».

En concreto, la entonces edil de Turismo, en connivencia con los empresarios, fraccionó los servicios relativos a la instalación del expositor municipal en las ediciones de Fitur de 2008, 2009, 2010 y 2011 y la edición de FTCV de este último año y dividió el precio en diversas facturas expedidas por varias mercantiles que estaban relacionadas entre sí y actuaban como un único grupo empresarial. En esos encargos fraccionados, se contrataban los servicios de diseño, construcción, instalación y montaje del expositor «dividiendo el precio» de la prestación en diversas facturas emitidas por esas sociedades diferentes, aunque vinculadas por la identidad de sus titulares.

En todos los casos, los pagos se cifraban por importes individuales inferiores al «establecido en la legislación de contratación administrativa, 18.000 euros, excluyendo el IVA», lo que permitía su adjudicación directa como contrato menor de servicios, sin la necesidad de convocar un concurso que favoreciese la pública concurrencia de licitadores.

Precio superior

Esa actuación «contravenía de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público», según expone la sentencia. También ocasionaba un perjuicio a las arcas locales, pues dejaba la valoración de los servicios prestados a la «discrecionalidad» de la edil, quien «asignaba a los mismos un precio notablemente superior al del mercado», según el fallo. La magistrada ha acordado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas a los seis condenados y ha absuelto a un séptimo procesado para el que se retiró la acusación.