Ayuntamiento y Generalitat, contra la planta de depósitos de combustible

Vista aérea del litoral alicantino, con empresas de carga y descarga operando en el puerto. / álex domínguez
Vista aérea del litoral alicantino, con empresas de carga y descarga operando en el puerto. / álex domínguez

La reunión entre Barcala y la consellera Mollà termina con el anuncio de una comisión técnica para impedir su instalación en el puerto

EP / C. C.ALICANTE.

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat anunciaron ayer aunarán esfuerzos para impedir la instalación de nuevos depósitos de combustible en el puerto de la capital alicantina. Esta es la conclusión tras la reunión celebrada ayer entre la consellera de Transició Ecológica, Mireia Mollà, y el alcalde alicantino, Luis Barcala.

Ambas partes acordaron la constitución de una comisión técnica mixta para revisar todo el procedimiento de solicitud de esta instalación en terrenos portuarios, que en palabras de la consellera «confronta los intereses de las alicantinas y alicantinos».

Barcala añadió que el objetivo es trabajar para conseguir un cambio normativo que impida que la situación vuelva a producirse en un futuro. Sobre todo después de que en 1995 se consiguiera eliminar los antiguos depósitos con el convenio con Campsa pero sin que se produjese la modificación del Plan Especial del Puerto y de los usos portuarios, al igual que el Plan General de Ordenación Urbana, para cerrar esta brecha de forma definitiva.

Barcala explicó que esta comisión mixta será la encargada de revisar el procedimiento para cumplir con el objetivo ya manifestado por todos los grupos políticos en contra de que vuelvan a levantarse depósitos de combustible en el litoral alicantino. «Esa batalla la vamos a dar desde las administraciones competentes porque sencillamente no se contempla en nuestro modelo de ciudad. Es importante que todos estemos coordinados para conseguir cumplir con los objetivos», manifestó el alcalde.

Mientras tanto, Mireia Mollà resaltó que se van a «ocupar y preocupar» en la comisión técnica de que se cuente con todas las garantías «para que este proyecto no confronte con los intereses de las alicantinas y alicantinos». La consellera también hizo referencia a la retirada en 1995. «Entonces ya se encontró una solución y también debe solucionarse ahora con diálogo y consenso» subrayó.

El alcalde explicó que la comisión será «una hoja de ruta» para darle una solución definitiva a este problema «al que nos enfrentamos de nuevo los alicantinos». Mollà comentó finalmente que hay muchos informes que elaborar, cuestiones que definir, criterios y puntos de vista que abordar «que nos corresponde resolver a las administraciones».

Sobre la posible instalación de esta planta de depósitos, que ha sido rechazada de forma casi unánime por la sociedad y la parte política, la asociación Ecologistes en Acció acudió la pasada semana al Defensor del Pueblo para solicitar el amparo por una posible vulneración de la legislación vigente en materia de Transparencia, Participación, Buen Gobierno y Procedimiento Administrativo Común de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA). Según manifestaron, esto genera «indefensión e incumpliendo derechos fundamentales constitucionales de cargos electos municipales y ciudadanía». La APA, por su parte, afirmó que sólo cumple con la normativa.