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Manifestación contra la pobreza energética celebrada en Alicante en pasadas semanas.
El Gobierno llevará a pleno la lucha contra la pobreza energética

El Gobierno llevará a pleno la lucha contra la pobreza energética

El tripartito ha subrayado que la pobreza energética, entendida como la dificultad para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua, afecta a más de 11 millones de personas

europa press

Miércoles, 28 de diciembre 2016, 17:28

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El equipo de Gobierno en Alicante ha anunciado este miércoles que llevará al pleno ordinario de mañana jueves una Declaración Institucional en la que se insta al Gobierno central para que modifique la ley del Sector Eléctrico para que se consideren como "coste del sistema" las ayudas de apoyo a los consumidores "vulnerables". El objetivo es que la ley determine un "mínimo vital" que evite el corte de suministro a familias que no pueden hacer frente a las facturas.

En un comunicado, el tripartito ha subrayado que la pobreza energética --entendida como la dificultad para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua-- afecta a más de 11 millones de personas, según el estudio "Pobreza energética en España. Análisis de tendencias de la Asociación de Ciencias Ambientales (2012)".

Asimismo, han alertado de que, de acuerdo con estos mismos datos, alrededor de 4 millones de personas no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares en invierno y el 17% de los hogares, cerca de 7 millones, tienen unos gastos desproporcionados en el pago de las facturas de energía doméstica. Por todo ello, entienden como "necesario" que los poderes públicos promuevan "condiciones y normas que hagan efectivo este derecho perdido que incumple numerosos compromisos internacionales asumidos, tanto por el Estado español, como por la propia Generalitat Valenciana".

La Declaración Institucional solicita, además, que se elimine el impuesto sobre la electricidad y se aplique en las facturas un IVA super reducido del 4% o reducido del 10%.

Por último, se propone que el Ayuntamiento de Alicante inste a las Administraciones Autonómica y Estatal para que, mientras se modifica la Ley del Sector Eléctrico "de manera urgente, se busquen y establezcan medidas para que no se corte el suministro eléctrico a las familias en situación de vulnerabilidad económica, especialmente en invierno y verano".

Tal y como se argumenta en la Declaración Institucional, una de las causas de la pobreza energética es "el altísimo coste de las facturas debido a la subida del precio de la luz de más de un 80% en los últimos años y a la aplicación de impuestos excesivos, uno de los más altos de la Unión Europea, y cuya recaudación se estima en unos 1.400 millones de euros".

Ante el abandono del concepto de servicio público y la falta de una adecuada planificación por parte del Estado, los grupos municipales del gobierno municipal denuncian "los beneficios extraordinarios obtenidos por las eléctricas, las subvenciones encubiertas, los errores de inversión que son soportados por los consumidores, las retribuciones extra, los fallos de regulación y la dejadez en la función de control por parte de las Administraciones Públicas, que incluye las puertas giratorias de políticos --ex presidentes del Gobierno y ex ministros de Hacienda -, además de la manipulación fraudulenta de los mercados o las altas retribuciones de los miembros de los consejos de administración de las empresas".

Además, resaltan que la Generalitat Valenciana afronta la pobreza energética mediante la atención de las ayudas sociales, "pero son los Ayuntamientos los que soportan a cargo de su presupuesto la mayor parte de las ayudas que se tramitan y, claramente, no puede hacerse cargo del coste de todas las facturas de las personas vulnerables económicamente". "Es el Estado, el que ha de aprobar leyes para luchar contra la pobreza energética, ya que son muchas las Comunidades Autónomas que lo han intentado y han sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional por la presunta invasión de competencias que pertenecen al Estado".

Por todo ello, teniendo en cuenta el superávit del sistema eléctrico y que se contemplan mecanismos de solidaridad para determinados consumidores, "los fondos para los clientes vulnerables pueden ser soportados perfectamente por el sistema eléctrico, de modo que estos no recaigan en un sobrecoste en nuestras facturas eléctricas, concluyen los grupos municipales".

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