El juez instructor mantiene como prescritos los 'bocadillos' del Plan General

El juez del 'caso PGOU', por el que se trata de clarificar si se tejió una red desde el Ayuntamiento de Alicante para beneficiar a Enrique Ortiz con el reparto del suelo, ha resuelto mantener fuera de la causa a dos empresarios que estaban acusados de mover dinero del promotor alicantino que debía ir a parar, supuestamente, al bolsillo del exalcalde del PP Luis Díaz Alperi.

La Policía aludió a 400.000 euros destinados al pago de los bungalós de los hijos del también antiguo diputado autonómico. Un dinero que se conoce como los 'bocadillos', tal y como se menciona en las escuchas intervenidas. El juez acordó en mayo el sobreseimiento provisional de ambos investigados al considerar que su responsabilidad penal habría prescrito), una decisión que mantiene después de recurrir la Fiscalía y el Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación en este caso.