La Diputación blinda su política social con la creación de la Mesa de la Solidaridad

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se ha buscado el consenso con instituciones y colectivos antes de que la Generalitat Valenciana se lo busque a él a la fuerza. La creación de la Mesa por la Solidaridad y la Cooperación que ayer se puso en marcha en la institución provincial no es más que la unión de agentes políticos y cívicos que diseñen las políticas sociales y, de paso, las blinden frente a la intención del Consell de asumir también estas competencias.

Los decretos de coordinación en materia deportiva y cultural que ha aprobado la Generalitat, contestadas jurídicamente por la Diputación y el Gobierno de España en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), han puesto en alerta a la institución provincial para evitar que se repita un tercer caso con la Conselleria de Políticas Inclusivas, que dirige la todopoderosa vicepresidenta Mónica Oltra. De ahí que la institución haya llamado a ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones y colectivos del sector vinculados a la ayuda a las personas a esta mesa, que dicen de «carácter técnico».

Los citados colectivos se encargarán de diseñar las políticas de la Dputación a través de una Plan de Acción Social, enfocadas al «bienestar de la familia fruto del consenso y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y los sectores que trabajan por la solidaridad, siguiendo un proceso de escucha activa», según puntualizó ayer César Sánchez, quien presidió la consitución de la Mesa. Se pretende «actuar de abajo hacia arriba, primero hablando con los colectivos implicados y después proponiendo acciones concretas», añadió.

La mesa estará formada por otras cinco mesas sectoriales que se diseñarán próximamente dedicadas al municipalismo, la diversidad funcional, la igualdad, la familia y la tercera edad, la asistencia sanitaria y la inclusión social.

Las deliberaciones que emanen de ellas se notificarán a las comisiones de la institución provincial y, posteriormente, sus propuestas pueden elevarse a otros organismos.

Participación

Esta iniciativa tendrá como finalidad «estructurar directrices que conduzcan a optimizar el entorno social y familiar de personas que sufren conflictos, especialmente de índole económico», manifestaron desde la Diputación Provincial. Para ello, según el presidente, «impulsaremos la participación ciudadana y una política social basada en la transparencia, construyendo alianzas en beneficio de los ciudadanos, maximizando la creación de valores compartidos y creando espacios comunes para deliberar y debatir».

De esta manera, contando con el trabajo de los colectivos sociales, esperan desde la institución provincial que la Generalitat no haga extensiva su política de coordinación a este ámbito. En la actualidad, la Diputación mantiene algunas competencias en esta materia, los principales el Hogar Provincial y el servicio de teleasistencia a mayores, propias de la Generalitat, pero a las que la institución provincial dedica unos 40 millones de euros al año.

Respecto a la confrontación entre instituciones por estos decretos, el presidente de la Diputación, el presidente lamentó «ser una persona incómoda» y, como consecuencia, que la institución provincial también lo sea, para «los propósitos que tiene el Gobierno valenciano».

Considera que «el Gobierno valenciano está preocupado» y «no está cómodo con la Diputación de Alicante», ni con su actuación como presidente de esta institución, pero ha afirmado que no tienen ningún ánimo «ni de agredir, ni de atacar» al Ejecutivo autonómico.