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El presidente de la Asociación de Vecinos Sol d'Alacant, Lisardo Gabarre, muestra una de las cartas remitidas a los vecinos, con algunos de los afectados detrás.

La Generalitat da 48 horas para desalojar 50 viviendas ocupadas del barrio José Antonio

Los vecinos denuncian que hay familias que llevan una década habitando en los pisos y reclaman que se regularice su situación

José Vicente Pérez Pardo

Sábado, 2 de abril 2016, 00:47

La Conselleria de Vivienda ha dado 48 horas a medio centenar de vecinos del barrio de José Antonio para que abandonen «de manera voluntaria» las viviendas que ocupan ilegalmente en los bloques de protección oficial que se mantenían vacíos. Algunos de estos vecinos llevan años, algunos incluso más de una década, viviendo en esos pisos y ahora se encuentran que tendrán que dejar las casa: «Se han gastado lo poco que tenían que arreglar los pisos para poder vivir allí», se queja el presidente de la Asociación de Vecinos Sol d'Alacant, Lisardo Gabarre. Reclaman que se le regularice la situación de estas familias y que se les haga inquilinas oficialmente de estas viviendas con un alquiler social acorde a sus posibilidades.

Con este envío, si el lunes no están desocupadas estas viviendas, la Generalitat comenzará los trámites administrativos para proceder a recuperar la titularidad e incluirlas en el parque público de viviendas disponibles, que cuenta con nueve mil personas en lista de espera en toda la Comunitat Valenciana para acceder a un espacio habitacional. Pero los vecinos no están dispuestos a marcharse y exigen una solución a la Administración. Por lo pronto, ya han pedido a la Subdelegación del Gobierno concentrarse en la Plaza de la División Azul para reclamar viviendas para estas familias. «No podemos estarnos quietos ahora», manifiesta Gabarro.

Desde el departamento autonómico recuerdan que estas viviendas están ilegalmente habitadas. «La Generalitat Valenciana no desahucia ni desaloja a ningún persona del parque público de vivienda por falta de recursos económicos», explicaron fuentes del departamento que dirige la consellera socialista María José Salvador. Otra cuestión son las viviendas ilegalmente habitadas, como es en este caso del barrio José Antonio.

Estos vecinos deberán recurrir a las ayudas que la Administración autonómica dispone y esperar su turno, «puesto que hay otras personas que también están esperando», explicaron desde la Conselleria.

El presidente de Sol d'Alacant asegura que estas viviendas «llevaban años vacías» y ante la necesidad de estar personas, las ocuparon. Incluso, explica el presidente de la asociación vecinal, que cuando se queda una casa libre se 'pasa' a conocidos para evitar que entren personas desconocidas del barrio. «Somos pacíficos y no queremos líos», manifestó el responsable vecinal.

Arreglos por su cuenta

«Las viviendas están muy mal, han tenido que arreglarlas todas para poder vivir dignamente allí con los niños», manifestó Gabarre. «Yo he visto las facturas de neveras y cocinas que han comprado para poder comer porque la casa no tenía nada», indica.

Ahora, asegura, «este dinero está perdido y ellos sin casa», por lo que exige que les dé alguna solución para que «de la noche a la mañana» no se vean en la calle. Desde la Generalitat Valenciana aseguran que están «preocupados e interesados» en esta zona de la ciudad, donde ya han realizado «reparaciones de urgencia» en las viviendas para mantenerlas dignamente hasta acometer un plan integral en el barrio.

La Generalitat Valenciana ha firmado un convenio con la Universitat Politécnica de Valéncia para realizar una inspección a fondo y un informe que «sirva para conocer las necesidades del barrio y realizar un plan específico» de reforma.

El barrio de José Antonio es una de las zonas más degradadas de la ciudad. Los pisos fueron construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda en las décadas de los 40 y 50 y «casi no se han tocado desde entonces», asegura Gabarre.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Vivienda a rehabilitar, regenerar y renovar la zona urbana del barrio en una resolución dictada a raíz de la queja de una vecina.

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