El juez asegura que la trama del agua se urdió a «muy alto nivel» en el Ministerio

Negro sobre blanco. La trama corrupta gestada durante la última década en la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) -y que costó no menos de 20 millones de euros a las arcas públicas- hundió sus raíces en las más altas esferas del Ministerio del Agricultura, quien adjudicó obras por valor de 620 millones a las empresas que pagaban sobornos por conseguir certificaciones con sobrecostes injustificados a todas luces.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -en el auto con el que ayer envió a prisión a los cinco máximos responsables de esta red y decretó fianzas para los otro ocho detenidos- sostiene que este grupo, casi de carácter mafioso, logró «pactar» adjudicaciones amañadas con diez de las más importantes constructoras de España con el visto bueno, a «muy alto nivel», desde el Ministerio de Agricultura.

Velasco, a petición de la fiscal, decretó cárcel preventiva para el director general del ente estatal, Arcadio Mateo; la directora de Ingeniería de Acuamed, Gabriela Mañueco, la persona que autorizó los sobrecostes; el ex jefe de proyectos de esa empresa pública en Valencia, Pablo Martín; el responsable de contratación de la compañía, Javier Pastor; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegmann.

El instructor acordó prisión eludible con fianza de 12.000 euros para los empresarios y altos cargos de Acuamed: Manuel Moreno Maestre y José Ramón González Fernández; de 20.000 euros para Javier Delgado López, David José Blanca Montero, Miguel Roset Ramos y Santiago Farre Dot; y de 50.000 euros a Justo Vicente Pelegrini y Miguel Jurado Fernández. Todos ellos abonaron las cauciones a última hora de la tarde, quedando en libertad.

Los trece -los cinco encarcelados y los ocho que lograron eludir la prisión- están acusados entre otros delitos de fraude, falsedad en documento público, malversación, cohecho y maquinación para alterar el precio de concursos públicos.

Según explica el magistrado, las obras hinchadas por esta trama, adjudicadas y ejecutadas entre 2007 y 2014, son: la desaladora de Torrevieja, en Alicante (271 millones); la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (195 millones); la planta de desalinización Bajo Almanzora, Almería (78 millones); la presa de laminación de la Rambla Gallinera, entre Oliva y l'Atzúbia, en Valencia (43 millones); abastecimiento de agua a Mutxamel y Campello, en Alicante (19 millones); y la construcción de defensas frente a erosiones e inundaciones del Río Serpis, en Gandía, Valencia (casi 15 millones de euros).

Tratamiento capilar

Velasco detalla que el director general de Acuamed urdió junto con otras personas «un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas (se habla de «presiones») para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos». Todo ello, a cambio de dinero (a un alto cargo de Acuamed se le ha incautado 150.000 euros en billetes de 500) viajes (algunos a Turquía), regalos y dádivas tan mundanas como un tratamiento de «implante de pelo».

El juez insiste en el carácter mafioso de la red que dirigía el Arcadio Mateo, hasta el punto de coaccionar a toda la organización para adjudicar e hinchar los contratos a las empresas afines. «Los contratistas, conniventes con aquel (Mateo), ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades, así como presionaban a directivos de Acuamed para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades».

Durante varias páginas el juez Velasco relata las numerosas irregulares que se hicieron en los contratos públicos con el beneplácito de los altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y, sobre todo, cómo Mateo y su «brazo derecho» en la trama, Gabriela Mañueco, fueron creando una red de funcionarios afines y «de confianza» que no discutieran -y aceptaran- sus planes corruptos. Es más, Mateo consiguió -afirma el magistrado- que todos ellos «se plegaran sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares» de los dos cabecillas de la red.

Todas las acusaciones vertidas en el auto tienen su origen en la confesión en septiembre de 2014 del alto directivo del ente que destapó la trama, Francisco Valiente, antecesor en el cargo de Mañueco. Valiente se ratificó el martes en su denuncia ante el juez Eloy Velasco. El testigo de cargo confirmó punto por punto la tesis de que los detenidos se coaligaron para el hinchado sistemático del precio de las obras bajo sospecha.

El magistrado en los próximos días tomará declaración a otras 35 personas (entre funcionarios de Acumed y responsables de las adjudicatarias) involucradas en esta misma red corrupta que operó durante las épocas en los que los ministerios de Agricultura o equivalentes estaban dirigidos por Elena Espinosa, Rosa Aguilar, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina.