Piden 26 años de cárcel para 7 acusados de comprar objetos robados en Dénia y Ondara

La Audiencia Provincial de Alicante inició ayer el juicio contra una banda de presuntos compradores de mercancía robada para obtener jugosos beneficios en el mercado negro. Según sostiene el Ministerio Público, los siete procesados que se sentaron en el banquillo de la Sección Décima se dedicaban en el año 2007 a hacerse con artículos procedentes de asaltos en viviendas habitadas de distintas urbanizaciones del término municipal de Dénia para hacer luego negocio con ello.

Las investigaciones revelaron que, en algunos casos, los objetos sustraídos salían en dirección a Rumanía, país de origen de los encausados, en los equipajes de compinches que iban en autobuses desde España. Además, en el operativo que dio al traste con los supuestos receptadores, los agentes dieron con útiles empleados para copiar tarjetas de crédito.

La Fiscalía pide para cada uno de los procesados dos años de prisión por el delito de receptación. Al mismo tiempo, el fiscal responsable del caso reclama sendas penas de cárcel de seis años para dos de los acusados por guardar en casa los dispositivos electrónicos e informáticos para la copia de las tarjetas, según recoge el escrito provisional de calificación. Además, entre los efectos intervenidos figuraban también los soportes de plástico para volcar los datos y poder acceder a cuentas bancarias a través de los cajeros automáticos.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad andaban tras la pista de varios entramados criminales que generaron a la alarma entre los vecinos de la zona en el año 2007. Uno tras otro, los residenciales con mayor afluencia de veraneantes de la Marina Alta, así como residentes habituales, se veían sobresaltados por la acción de estos asaltantes.

Por ello, en verano, la Policía Nacional desplegó distintos operativos de vigilancia con los que detuvieron a tres acusados de desvalijar chalés en la Marina Alta, Dénia y Ondara principalmente, y apresaron a decenas sospechosos de hacerse con la mercancía robada, gracias a las pesquisas llevadas a cabo.

Por aquel entonces, Interior se vio forzado a apuntalar equipos especialistas en la desarticulación de estas bandas, como los Greco de la Policía Nacional y el ECO de la Guardia Civil, así como las brigadas de investigación judicial, según recogen las publicaciones de la época.

Según obra en la causa, muchos de los objetos encontrados en los registros domiciliarios de los acusados coincidían con los artículos denunciados por particulares a los que habían desvalijado sus viviendas. Los investigadores hallaron sobre todo joyas de distinto valor, teléfonos móviles, videocámaras, reproductores DVD, televisores y otros aparatos electrónicos de fácil venta en el mercado negro.

Sin embargo, preguntados por su letrado, los acusados negaron conocer la procedencia ilícita de la mercancía, ya que rehusaron responder a las preguntas del representante del fiscal en el juicio celebrado ayer en la Sección Décima de la sede provincial. Pese a ello, los reos han negado cualquier vinculación con actividades ilegales.

Para el Ministerio Fiscal, no se ha podido acreditar que los procesados por este asunto fuesen los responsables de los asaltos en las viviendas.

La sesión se tuvo que suspender cerca de la una de la tarde al no comparecer uno de los testigos que debía declarar por videoconferencia, por lo que su reanudación se ha señalado para el día 17 de este mes, según las fuentes consultadas por este diario. Con este testimonio, el juicio estará listo para que el fiscal y las defensas, que ejercen los letrados Francisco Miguel Galiana Botella y José Manuel Yepes, pronuncien los informes finales.