Piden inhabilitar a dos funcionarios por favorecer a Ortiz en una contrata

La Concejalía del Ayuntamiento de Alicante más judicializada, incluso más que la de Urbanismo, vuelve a la actualidad por otro caso sospechoso. La Fiscalía Anticorrupción ha formulado escrito de acusación contra el que fuera jefe de servicio de Atención Urbana, Víctor López, y contra el también técnico pero de Sanidad, Consumo, Comercio y Mercados, David Agulló. El fiscal les atribuye haber hecho fuerza para que una de las empresas de Enrique Ortiz, Inusa, se hiciese en el año 2010 con la contrata de limpieza del cementerio. Por ello, el Ministerio Público reclama que se les condene a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Los hechos se remontan a los años de gobierno del Partido Popular, entre el ocaso del mandato de Luis Díaz Alperi como alcalde y la llegada de Sonia Castedo como regidora de la capital. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que indagaban entonces en los desmanes urbanísticos para presuntamente favorecer al empresario Enrique Ortiz.

En este caso en concreto, en 2008 surgieron las sospechas por los afectados con el pliego de condiciones del concurso público para optar a la limpieza del cementerio municipal, tarea que recayó en López.

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, advierte en su escrito que los técnicos aplicaron un «trato desigual y perjudicial» hacia las otras dos empresas que se presentaron al concurso público. De hecho, fue a raíz de una querella de la firma Multiservicios Tritón SL cuando el Juzgado de Instrucción 1 de la capital alicantina inició la investigación por supuesto trato de favor.

El acusador público sostiene que el antiguo jefe de servicio de Atención Urbana, que en la actualidad está jubilado, no aplicó los mismos criterios a la hora de valorar el presupuesto de Ortiz con los otros dos. Así, el contrato acabó en manos del imputado por el 'caso Brugal' por 784.000 euros durante dos años prorrogables por otros dos ejercicios, según recoge el escrito al que ha tenido acceso este diario.

Pliego de mejoras

La forma de enmascarar que las condiciones ofrecidas por Inusa superaban al resto residió, según relata el fiscal Anticorrupción en sus conclusiones provisionales, en el apartado del pliego de mejoras. Este especificaba que si las mejoras presentadas superaban un 2% del total del coste del proyecto, el aspirante debía contabilizarlo en el presupuesto general, algo que aplicó en los casos de Multiservicios Tritón SL y Eulen. A ojos de la Fiscalía especial, no fue así con respecto a Ortiz.

De haberse obrado de forma igualitaria en los tres casos, la firma del dueño del Hércules no habría sido la elegida para adjudicarse la contrata, ya que supuestamente incluyó el exceso de mejoras en los gastos generales de la empresa para dejar de sumarlos al proyecto. Briones recuerda además en su escrito que Víctor López debió abstenerse de participar en este expediente, pues dos de sus hijos trabajaban en Inusa.

De hecho, la entonces edil del grupo municipal socialista Carmen Sánchez Brufal interpuso recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta Local de Gobierno en la que se acordó adjudicar provisionalmente el contrato del servicio de limpieza del cementerio alicantino. Pese a ello, Víctor López, quien también deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia por el 'caso Magallanes', presentó una valoración técnica que contó con el aval del otro imputado en la causa.

El técnico Diego Agulló ratificó la decisión de su amigo, cuyo acuerdo se llevó a la Junta Local de Gobierno para adjudicar finalmente el servicio a Enrique Ortiz en marzo de 2010.