El Consell revisa su patrimonio y no descarta incluir su valor como ingresos

El nuevo gobierno valenciano está aprovechando las fechas estivales para actualizar su catálogo de bienes e inmuebles y redefinir, en su caso, los precios de las ventas o alquileres con los que quiere conseguir desde hace cuatro años unos ingresos extraordinarios. El anterior gobierno de Alberto Fabra ya inició una etapa en la que la Generalitat se metió de lleno en el negocio inmobiliario, con la puesta en venta o en alquiler de numerosos inmuebles propiedad de la administración pública, aunque con escaso éxito. El problema es que por momentos, el montante de la tasación realizada por Patrimonio llegó a ascender a más de 360 millones de euros, que se incluyeron en las cuentas de sucesivos ejercicios a modo de ingresos para cuadrar unas cuentas imposibles de justificar.

Fuentes de Hacienda confirmaron ayer que la conselleria, de la que depende este aspecto, está en pleno proceso de revisión tanto del stock de inmuebles como de los precios que tiene cada uno de ellos en el mercado, así como los ingresos que sí se están obteniendo ya por algunos alquileres que se consiguieron colocar el pasado ejercicio. Sólo el año anterior, en el presupuesto para 2015, el Consell presupuestó 125 millones en ingresos que, a la larga, resultaron ficticios, ya que la Generalitat no logró ingresarlos porque no vendió esos edificios. Ahora, el Ejecutivo quiere saber el valor real por el que puede seguir poniendo ese patrimonio en el mercado, pero a un precio actualizado. También poner al día la cuenta de ingresos que ya se perciben. Con las cuentas en la mano, no descartan que se incluyan estos ingresos de nuevo en las cuentas para 2016, a pesar de que en la oposición, tanto Compromís como PSPV, los partidos que sostienen el Gobierno valenciano, hicieron de los ingresos ficticios del los presupuestos, uno de sus principales caballos de batalla. De incluir el dinero de la posible venta de patrimonio en los ingresos, estarían cometiendo la misma trampa contable.

Una argucia que desde hace cuatro años utilizaba el anterior ejecutivo para equilibrar sus cuentas. Para ello, llegó incluso a recurrir a contemplar como ingresos más de 1.000 millones de un adelanto del fondo de competitividad cuya llegada estaba prevista para el año 2017. Pero también más de 200 millones de euros que esperaba recibir en concepto de adelanto por el cobro del impuesto a los depósitos bancarios que acabó tumbando el Tribunal Constitucional.