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Mónica Oltra, ayer junto a Ximo Puig.
La pugna por la Función Pública deja sin mandos a los funcionarios de la Generalitat

La pugna por la Función Pública deja sin mandos a los funcionarios de la Generalitat

La disputa entre PSPV, Compromís y los sindicatos por controlar la plantilla de la Administración paraliza la Dirección General otro mes

BURGUERA

Lunes, 17 de agosto 2015, 11:37

Una muestra de que la convivencia en el Consell entre el PSPV y Compromís no es un paseo en barca es la situación de la Dirección General de Función Pública. Surgen nombres y posibles candidatos, pero finalmente no se logra el consenso. El resultado es que la pugna por coordinar a los empleados de la Administración autonómica bloquea el nombramiento de toda la cadena de mando. El cambio del signo político del Ejecutivo tras 20 años de hegemonía del PP conlleva la sustitución de buena parte del escalafón jerárquico del funcionariado. Un buen número de subdirectores han sido apartados de su puesto por haber sido designados por los populares. El problema es que no han sido convenientemente sustituidos, lo que ha provocado el desconcierto entre los funcionarios, que se han quedado sin referencias jerárquicas claras.

Ese vacío de poder continuará, al menos, un mes más, según confirmaron a este periódico fuentes de la Conselleria de Justicia, que ha asumido las competencias que anteriormente dependían de Hacienda. Hasta el 28 de agosto, al menos, no se dispondrá de un director general que reasigne un puesto a los trabajadores destituidos sin plaza y que rubrique los nombramientos de secretarios, subdirectores generales o jefes de servicio. «Se está produciendo un atasco funcionarial y administrativo. Menos mal que estamos en los meses de verano», admite un destacado miembro del Consell.

Socialistas y nacionalistas se impusieron un 'mestizaje' en la mayor parte de las consellerias que se ha ido cumplimentando con roces más o menos subsanados. Sin embargo, en el caso de Función Pública no hay acuerdo. Fuentes del PSPV afirman que en el reparto de departamentos, dentro de la Conselleria de Justicia, se pactó que la Dirección General de Reformas Democráticas quedaría en manos de Compromís, de modo que la coordinación de los funcionarios la controlarían los socialistas.

Departamento clave

Una vez aterrizaron socialistas y nacionalistas, cada uno en su correspondiente negociado, y visto el escaso margen de maniobra causado por la escasez presupuestaria y los ajustes de plantilla, Compromís objetó sobre su competencia en Reformas alegando que ya estaban al frente de la Conselleria de Transparencia, con una actividad muy similar, y que por tanto era lógico que fuesen ellos los que se encargasen de Función Pública, un departamento clave, pues es desde donde se asignan trabajadores a las diferentes áreas.

«Se trata de un puesto clave siempre, y más cuando el Gobierno cambia de signo. Puedes estar algún tiempo sin nombrar a unos y a otros, pero esa Dirección General no se puede quedar dos meses vacante», señalan fuentes populares. La consellera Gabriela Bravo tiene atribuciones legales para firmar y sustituir al director general, pero no es conveniente, formalmente hablando.

Quien ocupe el cargo estará encargado de coordinar las siempre difíciles relaciones con los sindicatos, que no siempre se sientan en las mesas de negociación para defender los mismos intereses, ya que entre los miles de trabajadores públicos las circunstancias laborales son muy diferentes. Además, el futuro director general es el responsable de rubricar oficialmente el movimiento de los funcionarios por los distintos departamentos de la Generalitat, determinar las oposiciones o la relación de puestos de trabajo que se publica anualmente. Además, en sus manos está la adaptación de la normativa estatal, así como establecer el modelo formativo para los empleados públicos.

El PSPV, evidentemente con más experiencia al frente de la Generalitat, se resiste a ceder una dirección general por la cual preguntan con insistencia los sindicatos.

A la disputa entre partidos se han sumado las formaciones sindicales para determinar quién sustituye a Ana Brugger, la directora general con el PP al frente del Consell. Esa interlocución con las fuerzas sindicales por parte del Consell es lo que ha generado suspicacias entre las diferentes plataformas de trabajadores. En este sentido, uno de los nombres que inicialmente sonaron como posible propuesta de Compromís para el puesto pertenece a Intersindical y, además, ha participado en las negociaciones de la Mesa de la Función Pública.

El sindicato, afín al partido nacionalista, ha mantenido posiciones enfrentadas respecto a UGT o Comisiones Obreras en asuntos como la carrera profesional (el decreto que regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal empleado público de carácter fijo de la Administración de la Generalitat), por lo que las alarmas de los sindicatos mayoritarios se han disparado al conocer que Compromís pretendía que un relevante miembro de Intersindical pudiese terminar al frente de la Dirección General con la que en el futuro deberán discutirse los asuntos de la plantilla pública.

En la Generalitat hay preocupación por la gestión de los funcionarios, algo que dejó traslucir la propia vicepresidenta y portavoz del Consell, que en la comparecencia pública tras el último pleno recordó que la mitad de los empleados públicos autonómicos se jubilará en los próximos 15 años, lo que obliga a una regeneración limitada actualmente porque, según señalaron fuentes de la Conselleria de Justicia, «ni nosotros ni ninguna otra comunidad puede hacer nada hasta que el Gobierno modifique la tasa de reposición, que en estos momentos está en el 50%».

El atasco generado, lejos de resolverse en las próximas semanas, apunta a que se prolongará, al menos hasta mediados de septiembre. Hasta el 28 de agosto hay de plazo para llegar a un acuerdo. Esa es la fecha inicialmente prevista para que se celebre el próximo pleno del Consell después del parón estival. La Conselleria de Justicia espera que sea entonces cuando se nombre al próximo responsable de Función Pública. Si las previsiones más optimistas se cumplen, el nuevo director general ocupará su puesto oficialmente el 31 de agosto. Previsiblemente, necesitará unos días para 'aterrizar' y conocer los entresijos de su nueva responsabilidad. De modo que las decisiones, su firma no empezará a plasmarse en la designación de funcionarios hasta la segunda semana de septiembre.

Además del atasco administrativo, la vacante ha provocado situaciones curiosas. En la función pública se puede ser funcionario de carrera con reserva de plaza o sin plaza. En este segundo caso cuando se cesa en el puesto se te ha de reasignar en una plaza vacante de características similares a las anteriores, de modo que algunos de los destituidos están ocupando puestos para los que aún no hay nadie asignado, mientras que en otros casos, al no tener plaza en propiedad, se les ha enviado a su casa hasta nuevo destino.

Negociación por los créditos

Función Pública no es el único asunto que deben pactar Compromís y PSPV. En realidad, los nombramientos iniciales de consellers, secretarios autonómicos y directores generales es la punta del iceberg.

La Conselleria de Economía y la de Hacienda llevan semanas reuniéndose con el fin de llegar a un acuerdo para dirimir quién y cómo reparte los créditos públicos a las empresas. El IVF, controlado por Hacienda (PSPV), debe repartirse con el departamento del conseller Climent (Compromís) las funciones que en su momento estaban agrupadas por el área que coordinaba el exconseller Máximo Buch. Fuentes de Economía señalan que las negociaciones aún no han fructificado.

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