Echávarri negociará con Hacienda para aliviar los impuestos locales

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, lamenta que el Ayuntamiento esté «intervenido» por el Ministerio de Hacienda, que está «en cualquier decisión que se toma» y confirma que prepara una «contraoferta» para rebajar la presión fiscal sobre la ciudadanía establecida por el plan de ajuste, que ascendía a un 3,45% anual durante 10 años. Así, según indica, PSPV, Compromís y Guanyar Alacant están buscando una fórmula para «dejar de gravar a los alicantinos» y poder «liberar recursos de un sitio para utilizarlos en otro».

«Tenemos que ir con una oferta seria como, por ejemplo, establecer un aumento de los períodos de carencia. No sé cuánto tardaremos, pero podemos ir a negociar el plan de ajuste durísimo que tiene el Ayuntamiento de Alicante», razona. También alerta de la incapacidad de contratar hasta el 1 de enero de 2017 a trabajadores sociales «en plena emergencia social» por una congelación del capítulo 1 (personal) que «está haciendo mucho daño en el margen de maniobra». Además, expresa su sorpresa ante el hecho de que el anterior equipo de Gobierno fuera «serio», pero dejara vencer contratas municipales que suponen «seguir pagando a precio anterior lo que ahora se puede pagar a menor y eso perjudica a la ciudad de Alicante».

«No sé cómo se han dejado vencer contratos, porque se comete un perjuicio al ayuntamiento», ha insistido. Echávarri considera que el reto del equipo de Gobierno que dirige «no es hacerlo mejor que el anterior», sino estar «a altura de las expectativas de la calle» y si hay cosas que «chirrían» habrá que poner «grasa» para seguir adelante.

A su juicio, hay que responder a las expectativas y «estar a la altura» para «no generar frustración» porque la ciudadanía tiene «ilusión». Por ello, «hacerlo mejor que los anteriores no es suficiente» y desde su Ejecutivo van a «trabajar y a dejarnos la piel para hacerlo» en un proyecto a cuatro años.

Sobre los proyectos que ya ha iniciado el nuevo equipo de Gobierno, el alcalde ha cifrado en 589 los niños «detectados con nombres y apellidos», a través de los directores de los centros escolares, que son susceptibles de recibir atención en agosto en los comedores habilitados. La lucha contra la desnutrición infantil fue la primera medida que adoptó la coalición para «encontrar una partida económica» con la que cubrir la puesta en marcha de la atención a los menores en riesgo.

«Estamos mirando la forma de abrir los centros en agosto. Estamos viendo en qué zona geográfica están y la partida presupuestaria. Porque hay que abrir los centros, habilitar a los bedeles, limpiar el centro y el transporte», avanza Gabriel Echávarri, que confirma que se trabaja en determinar la apertura de dos o tres colegios. Además, rechaza la opción de la «bolsa de comida, porque igual no se la come el niño» y, por ello, se ha optado por que «el niño coma y Maria José Espuch, concejal de Educación, está trabajando muy duro». Reitera que «sí habrá partida» para los comedores, después de conocerse que había 3,1 millones de euros en facturas sin contabilizar, que dejó el PP y que dieron a conocer «el interventor y el tesorero municipal».

Por otra parte, apuesta por poner a disposición de las familias que hayan sufrido un desahucio las viviendas en manos de las administraciones públicas desde «el antiguo Patronato de la Vivienda, el antiguo IVVSA y de la Administración General del Estado». «Y si no son suficientes, hablaremos con los bancos para que nos dejen los pisos vacíos, con un alquiler social. Si no colaboran , no trabajaremos con esas entidades, publicaremos quiénes son y les impondremos el 150% de IBI, el máximo que permite la ley».

Por último, Echávarri rechaza de plano el proyecto de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la implantación de Ikea en los terrenos de Rabassa porque «va a arrasar el comercio en la ciudad».