El Supremo se da un mes de plazo para decidir si manda a prisión a Blasco

Rafael Blasco tendrá que esperar casi un mes más para saber si el Tribunal Supremo estimar su recurso o si, por el contrario, ordena su ingreso en prisión por su condena en el 'Caso Cooperación'. El alto tribunal dictó el pasado 12 de marzo un auto por el que prorroga por espacio de treinta días el plazo para dictar sentencia y resolver los recursos presentados en el caso Cooperación, en el que el exconseller de fue condenado a ocho años de prisión.

El auto fue hecho público ayer, con toda probabilidad porque el tribunal no terminó hasta la semana pasada de notificar a todas las partes su resolución. Por este motivo, es posible que la Sala de lo Penal del Supremo no se pronuncie sobre los mencionados recursos hasta la segunda quincena del mes de abril. La fecha tiene su trascendencia en términos políticos porque la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo arrancará la medianoche del 7 al 8 de mayo. Es decir, la resolución del tribunal marcará, con toda probabilidad, el inicio de esos 15 días de campaña. Más si cabe en el caso de que rechace el recurso del exconseller y ordene su ingreso en prisión. Los dirigentes del PP valenciano consultados por este diario han venido admitiendo en privado su preocupación por la posibilidad de que la decisión del Supremo en relación con Blasco marque la campaña electoral de los próximos comicios. «Una imagen de Blasco ingresando en prisión en vísperas de los comicios nos hundiría», se admite.

La resolución del Supremo apela a «la complejidad del tema objeto de estudio, la pluralidad de recursos y características y prolijidad de motivos, así como la voluminosa documentación» para prorrogar el plazo ordinario de diez días para dictar sentencia por treinta días más. El Supremo celebró el pasado 25 de febrero la vista pública para estudiar los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que condenó a diferentes penas a nueve personas, entre ellas a Blasco, a ocho años de prisión.

En aquella sesión, el fiscal pidió que el Supremo confirmara la pena de ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación que le fue impuesta al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado autonómico del PP por el desvío de fondos públicos de cooperación con Nicaragua en 2008.

El fiscal y la abogada de a Generalitat se opusieron a los recursos de los condenados contra la resolución del TSJCV e incluso pidieron que se condene también por malversación a tres de los condenados a los que no se les ha tenido en cuenta este delito en la sentencia. Se trata del exsubsecretario de Cooperación Alejandro Catalá, el ex director general de Cooperación Josep María Felip y el exjefe del Área de la Dirección General de Cooperación Marc Linares, si bien para este último estiman que hay que retirarle los delitos de cooperación en prevaricación administrativa y falsedad por los que fue condenado sin que hubiera sido acusado por los mismos.

Las fuentes consultadas por este diario explicaron ayer que en el caso de vistas abiertas como la celebrada con motivo de los recursos presentados contra esta sentencia, pueden producirse retrasos como éste «porque las partes presentan nueva documentación, y el ponente de la sentencia tiene que incorporarla a su propuesta de decisión».